Todo está a punto para los nueve indultos a los presos políticos independentistas. Ya se ha cumplido el guion previsible, ya se han producido todos los pasos previos necesarios, algunos con mucha pompa. Ya están los informes contrarios, con argumentos políticos, de la Fiscalía y de la sala segunda del Tribunal Supremo. La derecha más extrema ya ha salido a la plaza de Colón, pinchando en movilización, y la vieja guardia socialista se ha sublevado, pero sin llegar muy lejos. Y después de un mes preparando el terreno, Pedro Sánchez ha concluido la "pedagogía" y las referencias a la "magnanimidad" con un gran acto en el Gran Teatre del LiceU, a la Rambla de Barcelona. Todo está a punto y hoy el Consejo de Ministros aprobará la medida de gracia. Una medida que para La Moncloa es un paso de gigante pero para el Palau de la Generalitat es del todo insuficiente.

Los presos políticos ya hace más de tres años y medio que están entre rejas, privados de su libertad. Un sufrimiento que, denuncian, se ha visto agravado no sólo por los vaivenes de La Moncloa, como cuando Sánchez salió a decir que la condena se tenía que cumplir "íntegramente". También por cómo se ha retorcido el reglamento penitenciario, los derechos de cualquier recluso, para revocarles los terceros grados o los permisos para simplemente salir a trabajar. Para el independentismo, el gobierno central llega tarde y es insuficiente. No en balde, estos indultos no afectan ni resuelven la situación de los exiliados ni de las 3.000 personas que según las entidades están encausadas en una "causa general contra el independentismo". Mientras Sánchez estaba en el Liceu, el soberanismo estaba en las puertas del Congreso registrando 200.000 firmas para una ley de amnistía.

Para el independentismo, los indultos son insuficientes: no resuelven la situación ni de los exiliados ni de los 3.000 encausados

Durante las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha apelado a todo tipo de conceptos grandilocuentes para justificar la concesión de los indultos, como "generosidad", "concordia", "convivencia" o incluso "magnanimidad". Ayer, en su conferencia delante de la "sociedad civil", el dirigente socialista vendía que "el gobierno de España ha decidido apostar por la reconciliación, esta medida de gracia nos permitirá empezar de nuevo y hacer las cosas mejor". Pero también es cierto que en La Moncloa sienten el aliento de la justicia y las instituciones europeas en el cogote, como ha podido comprobar en los últimos días. Ya hace tiempo que son conscientes de que la judicatura española está profundamente cuestionada a atravesando los Pirineos.

Sin ir más lejos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatió y aprobó este lunes un informe que impugna de facto todo el juicio del procés en el Tribunal Supremo. A pesar de las maniobras de los grupos parlamentarios españoles, la resolución aprobada reclama la puesta en libertad de los presos políticos y el fin de la persecución de los exiliados, con la retirada de las órdenes europeas de detención. Ha sido la primera valoración política del juicio que se aborda en profundidad en una institución de ámbito europeo, tan importante que las asociaciones de jueces españoles se han puesto nerviosas. Esta moción se suma al posicionamiento de otros organismos, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, y entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional.

El caso ya ha llegado a todas las instituciones europeas, desde el Consejo de Europa hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

De hecho, el juicio y la sentencia del 1-O en el Tribunal Supremo ya han llegado a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento ya han acudido Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Y lo han hecho con un buen argumento a favor para enmendar la plana al juez Manuel Marchena. Es el voto particular que emitieron dos magistrados del Tribunal Constitucional. En el texto se pueden leer expresiones como "vulneración del derecho de reunión, de libertad personal, a la libertad ideológica", "severa respuesta penal", "sanción desproporcionada" o "indeseado efecto descorazonador".

¿Cómo serán los indultos?

Serán nueve indultos parciales, como estaba previsto, para Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Joaquim Forn. Condenados por sedición y malversación de fondos públicos, el indulto les exonera del delito de sedición. Pero no del de malversación. Por lo tanto, se mantiene la inhabilitación. La medida de gracia afecta a sólo los nueve presos políticos, pero no A los dirigentes en el exilio, que no han sido enjuiciados y por lo tanto no han sido condenados judicialmente. Los indultos también serán "reversibles" si se "reincide".

Se trata de nueve expedientes individualizados, cada uno con sus argumentos, pero por encima de todo el Gobierno subrayará la "utilidad pública" que comporta, uno de los argumentos que la legislación pone encima de la mesa para conceder la medida de gracia.