¿Indultar a un coronel de la Guardia Civil que, con disparos al techo del Congreso, intentó dar un golpe de Estado y que ni siquiera se arrepentía ya encarcelado? Sí, el Tribunal Supremo argumentaba que existían motivos sobrados de "conveniencia pública" para contribuir "al olvido de unos hechos que tienen que quedar ya en el pasado". ¿Indultar a los altos cargos públicos que montaron una banda que practicaba el terrorismo de Estado contra la disidencia política (vasca)? Sí, también; la unanimidad de los magistrados argumentó que existían "razones de equidad" para rebajarles la pena y quedar en libertad. ¿Indultar a los dirigentes independentistas que pusieron unas urnas para consultar a los catalanes sobre la independencia? No rotundo y sin resquicios. Los magistrados de la sala segunda advierten al Gobierno que sería una "solución inaceptable". Así son las cosas, y este guion era del todo previsible sin necesidad de estudios en derecho español.

Como también era previsible la película que vendría después de que el presidente Pedro Sánchez allanara el camino a la concesión de la medida de gracia, argumentando que se guiaría por la "concordia" y no por "la venganza o la revancha". La misma derecha que en su momento indultó a quince miembros de Terra Lliure —decreto firmado por José María Aznar— ahora pone el grito en el cielo. Ya lo hizo en la plaza de Colón, antes del juicio al procés, por la polémica figura del relator en el diálogo entre el Estado y la Generalitat. Los mismos tres partidos también hicieron saltar todas las alarmas y lo incendiaron todo cuando los presos políticos empezaron a recibir sus permisos para salir de prisión, cumpliendo estrictamente el reglamento penitenciario. Y ahora redoblan la presión, amenazando con llevarlo todo a los tribunales para que lo revoquen. Querellas, mociones en todos los ayuntamientos, recogida de firmas... y una nueva fotografía de Colón.

Y tampoco hay ningún giro de guion en la presión interna. Han saltado los barones autonómicos habituales: el extremeño Guillermo Fernández Vara y el castellanomanchego Emiliano García-Page. También las viejas glorias de siempre, sin excepción: Felipe González, Alfonso Guerra... e incluso el indultado por los GAL José Barrionuevo. El único contrapeso también es recurrente, el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que a diferencia del resto no ha intentado tensar el ambiente, sino contribuir a un debate más reposado. El valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol le han echado una mano.

Hasta aquí el guion previsible, por recurrente. Frente a esto, con los precedentes de temblor de piernas, La Moncloa parece haber dado un viraje hacia la determinación. Están decididos a hacerlo, y por eso ya han empezado a preparar el terreno. Lo ha hecho el mismo presidente Pedro Sánchez, pero también se está volcando todo su gobierno, desde la vicepresidenta Carmen Calvo hasta los ministros María Jesús Montero, Miquel Iceta o José Luis Ábalos. Fuentes socialistas admiten que ya se esperaban todo lo que ha pasado. Insisten en que hay que encauzar el conflicto y sostienen que los presos políticos "ya han pagado suficiente". Según estas fuentes, no sólo serviría para "pacificar" la situación en Catalunya para empezar a dialogar. Incluso señalan que, desde un punto de vista utilitarista, "eliminaría argumentos de victimismo" del independentismo. Mensaje inequívoco: empieza un "nuevo tiempo" para hacer lo que no se ha hecho en una larga década. "Ni revancha ni venganza", en palabras de Sánchez.

Está claro que en un análisis DAFO como el que hacen las empresas, la carpeta de los indultos no cotiza muy bien a corto plazo. Con la extrema derecha llevando la batuta del relato contrario, y con algunos barones y viejas glorias socialistas haciendo el juego al discurso más ultra, en La Moncloa son conscientes de que podrían pagarlo caro en las urnas a corto plazo. Este mismo viernes, el diario El Español publicó una encuesta bastante reveladora: el 80% de los españoles –y el 72% de los votantes del PSOE– están por la "revancha", contra la medida de gracia a los dirigentes independentistas. "Pocas posiciones del gobierno de Pedro Sánchez habrán concitado tanto rechazo entre los españoles como el que levantan los indultos", concluía el medio de Pedro Jota. Pero de Sánchez depende que tenga dos años sin elecciones encima de la mesa (más allá de Andalucía).

Esta es una batalla a largo plazo. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han conjurado para agotar la legislatura después de las elecciones madrileñas. La victoria abrumadora de Isabel Díaz Ayuso dejó dos lecciones: que la derecha más extrema está envalentonada y que la alternativa de Ciudadanos se encuentra hoy en concurso de acreedores. Y la estabilidad pasa por volver al bloque de la moción de censura y la investidura, es decir, a la mayoría parlamentaria de izquierdas e independentista, encabezada por Esquerra Republicana. Unidas Podemos, que hace meses que trabaja en esta perspectiva, no dejará otra alternativa. Nada de "geometría variable"; un bloque sólido de gobernanza. La vicepresidenta tercera aterrizó en el nuevo cargo hablando de "reiniciar la legislatura". Es un camino más largo, pero que puede tener beneficios políticos si se confirma la recuperación y se avanza en la agenda de transformación.

La legislatura española también está muy relacionada con la catalana. Desde la plaza de Sant Jaume, el nuevo Govern Aragonès ha hecho una prueba de confianza de dos años en el diálogo con el Estado. Pero para obtener resultados concretos y materiales, no para pagar por anticipado y después quedarse con las facturas pendientes de cobrar. Si Sánchez diera marcha atrás, la legislatura española quedaría en vía muerta, con la retirada de los trece diputados de ERC. Pero también Aragonès tendría que replantearse todos sus esquemas pocas semanas después de ser investido.

Ahora todo está en manos del Ministerio de Justicia, que quiere preparar expedientes individuales impecables desde un punto de vista jurídico ante los posibles recursos que puedan caer. Ya se sabe que no podrá ser total, sólo parcial. En paralelo, el ministro Juan Carlos Campo tiene bastante avanzada la reforma del delito de sedición en el marco de una modificación más amplia del Código Penal. Las dos vías podrían hacerse coincidir para justificar la rebaja del tipo penal con la rebaja de las penas de los presos políticos. En cualquier caso, los indultos se prevén en verano, antes de las vacaciones de agosto.

¿Puede acudir la derecha al Supremo?

Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han amenazado con llevar la concesión de los indultos al Tribunal Supremo. Hay dos precedentes de indultos revocados por el Tribunal Supremo, por cuestiones de forma. ¿Pero realmente podrían presentar recurso contra esta decisión? En el caso de la formación de extrema derecha, sí que fue parte del proceso, pero la legislación establece que los que pueden acudir al contencioso-administrativo son "los titulares de un derecho o de un interés legítimo", generalmente las víctimas de las personas indultadas. Muchos juristas consideran, pues, que es una vía muerta para los partidos de la derecha. Si el Supremo no depara sorpresas, claro.