La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) cumplirá el próximo 13 de marzo el primer año como Autoridad Independiente de Protección del Informante en Catalunya, con la entrada en vigor de la ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que desarrolla la directiva europea Whistleblower de 2019. En este primer año, Antifraude ha recibido la petición de protección de 28 personas, 24 de las cuales del mundo local (normal -se indica- si se recuerda que en Catalunya hay 940 ayuntamientos); y este año ya tienen una primera petición de protección. Además, l'OAC, que dirige Miguel Ángel Gimeno ha abierto el primer expediente sancionador a partir de esta ley al Ayuntamiento de Mataró y podría abrir un segundo, sin concretar donde, según informa l'OAC a ElNacional.cat. Antifraude los llama "alertadores" de corrupción. ¿Estos informadores se han sentido lo bastante protegidos por Antifraude? ¿La OAC necesita más herramientas y competencias para hacerlo? La situación vivida por dos alertadores -en Mataró y Tarragona con momentos angustiosos- hace reflexionar.
"El deber de proteger a los alertadores lo tenemos todos. También desde los mismos organismos" donde se denuncian casos, manifiesta Òscar Roca, director de Prevención de Antifraude, que responde: "Como organismo público, recogemos la crítica", cuando se le pregunta por quejas de ciertos informadores. Roca recuerda que ahora se tiene que desarrollar la norma en Catalunya sobre alertadores de corrupción y que el Ministerio de Justicia todavía no ha creado esta autoridad en el ámbito estatal. Con respecto a debilidades detectadas, admite que esta ley, como la mayoría, no se ha dotado de recursos para poder cumplir lo que marca, como es la de dar apoyo económico y psicológico, además del legal, a la persona que denuncia irregularidades tanto en un ente público como de una empresa privada.
"El alertador protege el interés general y la sociedad tiene que verlo como una persona responsable a quien hay que ayudar; no como un enemigo", manifiesta al director de Prevención, y avanza que Antifraude quiere establecer mecanismos de colaboración con el Colegio de Abogados y el de Psicología para cumplir la ley. El apoyo económico no es bastante claro ni garantizado, por ahora. Roca admite que la mayoría de alertadores no puede ser beneficiario de la justicia gratuita, reservada a personas con mínimos recursos económicos.
Cesada en Mataró
Uno de los casos conocidos es el de una interina del Ayuntamiento de Mataró, que denunció irregularidades en la contratación de personal al consistorio y fue cesada de su cargo el verano de 2023, a pesar de disponer del reconocimiento de persona alertadora protegida desde el 15 mayo. La gravedad del caso es que Antifraude requirió de forma específica al Ayuntamiento que parara la resolución del concurso laboral-en el que participaba la interina- hasta que se acabara de valorar el conjunto de la situación, el Ayuntamiento, pero no hizo caso (se asegura desde el Ayuntamiento que el requerimiento del OAC se habría “traspapelado”) y se la cesó igualmente.
Antifraude concluyó, el 1 de diciembre, que el Ayuntamiento de Mataró, por medio de diferentes actos administrativos, ha causado hasta ocho paquetes de represalias a la interina, además de otras acciones contrarias a la norma. Una unidad diferente tramita ahora un expediente sancionador contra el consistorio. Al ser preguntado por el expediente, el Ayuntamiento de Mataró, dirigido por el alcalde David Bote (PSC), deriva a un comunicado, en el cual se informa que se ha creado una comisión municipal para estudiar las supuestas irregularidades en el área de Recursos Humanos y contratación.
El expediente sancionador se tiene que resolver en el plazo de 6 meses. La ley 2/2023 prevé la sanción de personas físicas como de jurídicas, es decir a un funcionario responsable de una resolución como al consistorio o a una empresa privada. Las infracciones previstas en la ley son multas, que pueden ir de 1.001 hasta los 10.000 euros por infracciones leves; hasta 30.000 euros para infracciones graves, y hasta 300.000 euros para infracciones muy graves. Si son personas jurídicas, la sanción puede llegar hasta el millón de euros. En el caso de la interina de Mataró son infracciones muy graves, según Antifraude.
Restablecer derechos
La trabajadora cesada, que quiere mantener su anonimato, expresa que "su protección no ha estado eficaz". Manifiesta que se ha quedado sin trabajo y que "la finalidad de la ley no es únicamente sancionar -que también, si se detectan infracciones- sino especialmente evitar las represalias y en caso de detectarlas, anularlas". Y lamenta que "la OAC no ha usado ni está usando todo lo que le permite la nueva ley 2/2023 y otras normas reguladoras de Antifraude para restablecer íntegramente sus derechos”. Esto es recuperar su trabajo, pero también declarar la nulidad de todas las represalias, tal como indica que recoge el artículo 36.5 de la ley 2/2023 junto con el artículo 25.2 de las NARI (Normas de Actuación y régimen Interno de la Oficina Antifraude).
Òscar Roca responde que Antifraude no puede hablar de casos concretos para cumplir la norma de protección de datos, pero en supuestos como los de Mataró, donde se ha instado al consistorio a corregir deficiencias sostiene que "la OAC no tiene capacidad coercitiva" y que "son los tribunales los únicos que pueden imponer", mientras que la Oficina tiene la capacidad sancionadora. Es decir, Antifraude sostiene que no puede ordenar que se readmita a la alertadora de Mataró, a la cual se le ha recomendado que aporte el informe de Antifraude para pedir su reincorporación, primero en el consistorio y sino por la vía de lo contencioso-administrativo. También recuerda que el Parlament debatió que Antifraude se pudiera personar ante los tribunales en casos de corrupción e irregularidades, hecho que al final se descartó. Además, esta legitimación se tendría que aprobar en el ámbito estatal porque las leyes procesales son competencia del Gobierno.
La alertadora de Mataró no comparte el razonamiento de Antifrau e insiste que sin una respuesta rápida y contundente se la está "revictimizando", y destaca que "actuando así, pronto las otras administraciones se enterarán de que no pasa nada por ir incumpliendo ni para hacer numerosas represalias" como es su caso.
Tarragona Radio
Otro caso conocido recientemente es el del gerente de Tarragona Radio, Xavier de Gispert Zegrí. Antifraude le concedió el certificado de alertador de corrupción el 6 de octubre pasado, ante el peligro de ser despedido por haber encargado un informe externo sobre las cuentas de la Empresa Municipales de Medios de Comunicación de Tarragona, el cual detalló que había unos 800.000 euros de gastos y subvenciones sin justificar entre los años 2009 en el 2019, durante el gobierno local socialista. El consejo de administración de la radio (todos los partidos votaron a favor con la abstención del PSC) acordó de enviar el informe a la Fiscalía, que lo ha derivado a un juzgado de instrucción de la ciudad porque tiene una causa abierta sobre una supuesta malversación de fondos públicos en la radio.
De Gispert obtuvo la plaza en la radio en el 2020, después de ganar un concurso de libre concurrencia que por primera vez convocó el gobierno de ERC para el lugar de gerente, aunque sigue siendo un cargo de confianza y, por lo tanto, puede ser cesado por un nuevo equipo de gobierno local. Así se le hizo entender cuando el PSC volvió a gobernar, con el alcalde Rubén Viñuales. De Gispert fue presionado por distintos partidos para que no elevara el informe a la Fiscalía y al recibir información que sería despedido, pidió el certificado de "alertador" y lo comunicó a todos los partidos del consistorio, según fuentes próximas al gerente.
Antifraude ha comunicado al Ayuntamiento de Tarragona que de Gispert es una persona protegida y que cualquier actuación hacia su cargo se lo tiene que comunicar. Además, el informe de su caso no está cerrado. Con todo, distintos medios de comunicación publicaron la difícil situación del gerente, todo y tener el certificado de alertador, el diciembre pasado.
¿El gerente de Tarragona Radio tiene más protección ahora que se ha publicado su condición de alertador en comparación con la de Mataró, y no hay tanto peligro que se le cese?
El director de Prevención contesta que Antifraude tiene que mantener el anonimato de la persona alertadora, que la "ha de trabajar con rigor y confidencialidad con las partes implicadas". Òscar Roca añade que la persona que denuncia una irregularidad, si quiere, puede dar una parte de la información, pero no la autoridad protectora. Y aclara que no hay límite en la protección, aunque la ley fija 2 años: "Es hasta que sea necesaria."
Además, Roca recuerda que la ley también establece que las entidades públicas y privadas tienen que crear Sistemas Internos de Información y que actualmente -acabado el plazo en enero del año pasado- solo 2.700 de las 8.000 entidades y ayuntamientos han comunicado que lo tienen. "No tenerlo es una situación de infracción. Hay que hacer un esfuerzo", concluye Roca.