Más allá del principal conflicto que acapara todas las cabeceras y consume la mayor parte de horas de radio y televisión, las listas de espera, las preinscripciones escolares y los problemas para poder pagarse un piso siguen siendo las grandes preocupaciones de los catalanes. El informe anual del Síndic de Greuges revela que una de cada tres quejas que recibió esta institución a lo largo de 2019 fueron vinculadas a la protección de derechos sociales de los ciudadanos, con un repunte significativo en relación a situaciones límite de pérdida de vivienda. Tanto es así que el Síndic ha hecho un llamamiento a "un gran pacto de país sobre emergencia social en vivienda" que implique a todas las administraciones.
Las quejas en casos de emergencia habitacional han crecido el año 2019. Concretamente los que afectan familias desahuciadas -a menudo con menores a cargo- que son desahuciados de su residencia habitual y que tardan al poder ser realojados de urgencia por los servicios municipales. En algunos casos, esta espera ha llegado a alargarse hasta dos años.
El Síndic constata que "la respuesta tardía por parte de la Administración a la hora de proveer una vivienda las personas en situación de emergencia es causada, principalmente, por la falta de un parque de viviendas suficiente destinado a políticas sociales. A pesar de los esfuerzos hechos por la Generalitat y los ayuntamientos, las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no han sido suficientes para dar solución a una problemática que, lejos de haberse solucionado, se ha agravado los últimos años, en cuanto a número de personas afectadas y en cuanto a tiempo de espera para poder acceder a una vivienda social".
En paralelo a tener un lugar donde vivir, las listas de espera siguen siendo motivo de conflictividad en Catalunya. Tanto es así que el Síndic se ha tenido que dirigir al Departamento de Salud para recordarle el compromiso adquirido el año 2015, cuando cambió el catálogo de las intervenciones quirúrgicas sujetas a un plazo de espera máximo garantizado y fijó unos plazos de referencia para acceder al resto de intervenciones quirúrgicas, para una primera visita con el especialista, para las pruebas diagnósticas y por atención primaria". Los ámbitos más perjudicados son relacionados con intervenciones en la columna vertebral, obesidad mórbida, reproducción asistida y alergias.
Y todavía sobre el otro gran pilar del estado del bienestar, la enseñanza, el Síndic ha detectado que siguen siendo objeto de numerosas demandas los problemas que tienen que ver con el acceso a los centros escolares y la preinscripción de los alumnos.
La sentencia del 1-O, un exceso
En el 2019 ha sido, también, el año que el Tribunal Supremo ha condenado apenas de entre 9 y 13 años de prisión a los nueve líderes independentistas juzgados para el 1-O, con las consecuentes protestas y actuaciones policiales derivadas de este veredicto. El Síndic de Greuges ya ha emitido informes específicos sobre la sentencia y sus efectos, pero eso no obsta que en el informe anual reserve un capítulo para hacer referencia. Insiste en la "desproporción de los procedimientos penales contra estas y otras personas" y que eso pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión. Asimismo, constata que hubo "un uso excesivo de la fuerza" en determinadas actuaciones policiales contra las protestas postsentencia, motivo por el cual se ha pedido una investigación rigurosa e imparcial a los cuerpos afectados.
Durante el año 2019, el Síndic de Greuges ha recibido un total de 10.543 quejas procedentes de 22.993 personas. También ha atendido 8.843 consultas y ha iniciado 222 actuaciones de oficio. En total se han tramitado 26.358 expedientes y se han atendido más de 30.000 personas.
Mandato caducado e investigación por el 3%
Desde hace 11 meses, Rafael Ribó tiene su mandato caducado -que hace 15 años que ostenta el cargo- tiene su mandato caducado. Debería haber sido substituido en marzo de 2019, pero su relevo depende de un amplio acuerdo del Parlament, que no ha sido posible y que parece difícil que pueda llegar.
Es necesario que dos tercios del pleno, es decir 81 de 135 diputados, pacten el nombre de la persona que debería ocupar el cargo de Síndic de Greuges, que en su propio anual recuerda a la cámara que tiene esta asignatura pendiente.
Ribó ha presentado su informe anual de la institución que él lidera justamente la víspera del día que irá a declarar como investigado en la AUdiencia Nacional, en el caso del 3%, en relación al viaje que presuntamente le pagó un empresario para ir a la final de la Champions de Berlín en el año 2015.