Dos días antes de las elecciones del 21-D, los trabajadores de la Generalitat de Catalunya han publicado una nueva actualización de su informe sobre los daños que la aplicación del artículo 155 ha provocado a las instituciones catalanas. La plataforma ServidorsCAT, en la cual los funcionarios se han agrupado, lleva semanas recogiendo las incidencias de todos los departamentos en un informe. Este fue publicado por primera vez el 1 de diciembre y este martes, 19 días después, se ha publicado una actualización.
El informe, de 67 páginas, contiene información detallada sobre todos aquellos proyectos que han quedado encallados, inversiones canceladas o cargos destituidos. Además, también hace referencia a sucesos concretos que han afectado de manera directa al personal de las conselleries.
Los trabajadores denuncian la imposición de limitaciones a aquellos que quieren asistir a asambleas organizadas por los sindicatos o la ruptura de una carta que tenía que ser enviada al conseller -entonces encarcelado- Jordi Turull. En este sentido, defienden que los hechos vulneran algunos de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad sindical y el derecho a la intimidad de las comunicaciones.
Miedo, autocensura y la Junta Electoral
En este nuevo informe, ServidorsCAT ha añadido las afectaciones que ha tenido la censura de la Junta Electoral sobre las instituciones, endurecida por la proximidad a los comicios de este jueves. La JEC ha obligado a quitar de las conselleries todos aquellos símbolos que pidieran la libertad de los presos políticos, desde carteles hasta lacitos amarillos en los árboles de Navidad. La Junta ha llegado a enviar agentes de los Mossos D'Esquadra a los departamentos en cuestión para asegurarse de que se cumplían las medidas.
También denuncian las amenazas de ampliar las investigaciones y querellas relacionadas con el referéndum hasta afectar servidores públicos, además del control de las redes sociales de los altos cargos y otros funcionarios.
Los trabajadores creen que estos hechos, en los que incluyen "la represión, las amenazas y las actuaciones de los Mossos de acuerdo con las actuaciones de la Junta Electoral", contribuyen a "extender el miedo, la autocensura a la libertad de expresión y el temor a tomar decisiones entre los servidores públicos".
Despidos y traslados: los costes indirectos de eliminar el Diplocat
La eliminación del Diplocat, ordenada por el Consejo de Ministro del 15 de diciembre, es otro de los puntos calientes del informe. La supresión de este organismo -dedicado a la promoción internacional de la Generalitat- comportará unas consecuencias que todavía son difíciles de cuantificar pero que se prevé que tengan un coste, tanto económico como personal, muy elevado.
Los funcionarios aseguran que la supresión no se ha llevado a cabo según las leyes que regulan el sector público, cosa que comporta una "falta absoluta de seguridad jurídica" y un gran número de costes indirectos.
Entre estos costes, está el despido de 20 trabajadores. Aparte de la pérdida de capital humano, también es posible que este trámite obligue a pagar indemnizaciones "especialmente elevadas" por la antigüedad de algunos trabajadores, ya que el órgano existe desde el año 1982.
Los costes económicos no acaban aquí. Se tiene que sumar el traslado de documentación y otros bienes desde las delegaciones exteriores hasta los departamentos correspondientes en Catalunya, además de la ruptura anticipada de los contratos de alquiler de los locales donde se ubicaban.
La cadena de consecuencias todavía continúa y, al abandonar los locales del Diplocat, algunas de las sedes de ACCiÓ -dedicada a la internacionalización empresarial- tendrán que buscarse nuevos espacios para sus oficinas, más de 40 por todo el mundo. De hecho, las actividades de ACCIÓ en el exterior también han quedado congeladas con el 155.
Golpe a la ciencia y la memoria histórica
Resumiendo, la lista de daños de la intervención del Estado a las instituciones catalanas es larguísima y de alcance todavía incierto. Aparte de las principales nuevas afectaciones citadas, el 155 también ha llegado a otros sectores como la cultura o la salud.
El mundo de la ciencia, por ejemplo, ha recibido un duro golpe con la paralización de investigaciones -algunas relacionadas con el cáncer de mama- del Instituto de Investigación biomédica de Lleida. Por otra parte, también se han detenido las subvenciones relacionadas con memoria histórica y promoción de los derechos humanos y se han suspendido las indemnizaciones a los expresos políticos de la Guerra Civil y el Franquismo.