El informe de la Abogacía del Estado con el que se escuda el Gobierno para no pagar los impagos con las comunidad autonomas, directamente, no existe. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegó recientemente que había cosultado a la Abogacía si el ejecutivo, estando en funciones, podía pagar los anticipos para la mejora de la recaudación tributaria del año 2019 a las comunidades autonomas, entre ellas, Catalunya, y defendió que la respuesta había sido negativa.
Este martes, sin embargo, la misma ministra ha tenido que aclarar que el informe en realidad no existe, sino que el ejecutivo espera recibir un escrito "en breve" que apuntaría esta tesis. Montero lo ha aclarado después de que el Partido Popular reclamara al ministerio de Hacienda que hiciera público el texto que, al saber que el informe todavía no ha sido redactado, ya ha acusado a la ministra de "mentir" y le ha pedido la dimisión.
También el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha hecho un tuit cargando contra el Estado por excusarse "en informes que no existen para no pagar aquello que es de los ciudadanos de Catalunya" y ha recordado que el Govern lo llevará a los tribunales. Justamente este martes el ejecutivo catalán, tal como ya anunció Aragonès la semana pasada, ha aprobado iniciar los trámites para llevar el Estado a los tribunales por impago.
El Estado se excusa en informes que no existen para no pagar aquello que es de los ciudadanos de Catalunya. Lo dijimos la semana pasada y hoy lo hemos aprobado en #Govern: vamos a los tribunales a reclamarlo. pic.twitter.com/n1ihCm6TqC
— Pere Aragonès (@perearagones) Augusto 27, 2019
Los recursos que la Generalitat reclamará al Estado, a través de la presentación ante los tribunales de un contencioso administrativo, se elevan a 1.317 millones de euros e incluyen 874 millones correspondientes a la actualización del anticipo para la mejora de la recaudación tributaria del año 2019 y 443 millones procedentes de un cambio normativo en la gestión del IVA que Hacienda introdujo el año 2017 y que provocó una pérdida para las comunidades equivalente a la recaudación de un mes. Una deuda que se tendría que haber devuelto el año 2019, con la liquidación del IVA del ejercicio 2017, y que todavía está pendiente.