El informe que el juez de la causa por el 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil asegura que la Generalitat habría malversado 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista del 1 de octubre del 2017.

Este informe, que se ha dado a conocer esta misma madrugada, se suma al particular e inédito enfrentamiento que mantienen el juez Llarena y el ministro Montoro, en que el primero pide que el segundo justifique que no hubo malversación en el 1-O, con la paradoja de que tanto si se demuestra malversación como no, Montoro quedará tocado, ya que si no la hubo, no se sustenta la acusación de malversación, y en caso de que hubiera habido, habría fracasado el control de las cuentas del Govern por parte de Hacienda.

El mal ambiente se interpreta también en el hecho de que haya sido esta misma madrugada, tras la petición de explicaciones, cuando Llarena ha levantado el secreto de la pieza separada de investigación de la posible malversación de caudales públicos acreditándose en la misma, según un informe de la Guardia Civil, de la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados, según ha avanzado la acusación particular de Vox.

Este gasto pone en duda la versión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha sostenido repetidamente que no se destinó ni un euro público a la organización del referéndum del 1-O, lo cual dejaría sin efectos la acusación por malversación contra la cúpula independentista, razón por la cual el mismo Llarena ya ha pedido explicaciones a Montoro.

Llarena contra Montoro

De hecho, el titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique "cuanto antes mejor" sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esta conclusión.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.

En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que hasta ahora no se habían solicitado.

Subvenciones a Junts pel Sí

El mencionado informe, según adelanta La Vanguardia, apunta que las subvenciones al grupo parlamentario de Junts pel Sí habrían sido desviadas para organizar el referéndum. En concreto, se hace mención de un pago de 17.690 euros de Junts pel Sí por un acto en el Teatre Nacional de Catalunya.

El acto en el TNC, según el informe, habría servido para estimular la participación ciudadana al referéndum y específicamente para votar 'sí'. Según la Guardia Civil, si el acto fue gestionado y pagado por JxSí, se probaría la utilización de subvenciones públicas para un acto relacionado con el referéndum.

El registro de residentes y la campaña publicitaria

Asimismo, el informe revelaría también otras posibles desviaciones de fondos públicos, como una partida de fundos públicos de 224.835 euros destinada a la creación del registro de catalanes residentes fuera de España que, a juicio del cuerpo policial, también se debería considerar como gasto del referéndum.

En cuanto a la campaña publicitaria institucional para promover la participación, la Guardia Civil apunta a que se habrían gastado 277.804 euros en los anuncios emitidos por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals por la emisión del anuncio que llevaba como lema "Naciste con capacidad de decidir". De nuevo, este gasto, aunque en la campaña no se llegaba a mencionar el referéndum, también sería considerado dentro de la organización del 1-O.

Asimismo, en el marco de los registros en la empresa Unipost en búsqueda de papeletas, se habrían detectado cinco facturas por un valor de 979.661 euros, que habrían sido abonadas por diferentes áreas del Govern.

Mauri, "agresivo" 

Asimismo, el informe del cuerpo policial español considera que el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, líder de facto de la entidad desde que su presidente Jordi Cuixart está en prisión, sería "agresivo". "Sus mensajes han sido agresivos contra el Estado reclamando la libertad de lo que entiende que son presos políticos", señala la Guardia Civil. El informe, fechado el 27 de marzo, apunta que Òmnium habría gestionado 61.879 euros procedentes de fondos públicos.