Un informe de la organización Fair Trials critica la prisión provisional en España. A través de un comunicado donde presentan los resultados de la investigación, la entidad denuncia que las "leyes amplias contra el terrorismo afectan negativamente a los derechos humanos en España". "Las leyes ambiguas han provocado violaciones de la libertad de expresión y su práctica preventiva, a menudo combinada con la legislación antiterrorista, infringe el derecho a la libertad", exponen. De esta manera, insisten en que "la excesiva discreción que el derecho penal español deja a los jueces está perjudicando fundamentalmente el estado de derecho en el país".

El uso excesivo de la detención preventiva y la "falta de medidas alternativas siguen siendo problemas sistémicos" en España, recoge el informe, que recuerda que el número de detenidos en el país sigue siendo elevado" en general. Así, se destaca que desde la última Revisión Periódica Universal, "no ha habido desarrollos legislativos o prácticos que reducirían el uso de la detención preventiva a España ni hay planos de futuro para introducir esta legislación".

De esta manera, subrayan que "los cargos de terrorismo se han aplicado a casos arbitrarios que han tenido un impacto significativo sobre los derechos de juicio justo en España, en particular sobre el uso abusivo de la prisión preventiva, ya que los tribunales tienden a ordenar la prisión preventiva por motivos ilícitos, como gravedad del delito."

El informe hace referencia, sobre todo al caso de Alsasua, donde recuerda que tanto el fiscal como el fiscal general les acusaron de terrorismo "alegando que algunos de los jóvenes eran miembros del movimiento social no violento y que supuestamente tenía objetivos vinculados a ETA". Y subraya que al número de 2016, los 10 jóvenes fueron arrestados y tres fueron detenidos preventivamente en diferentes prisiones.

Así, señalan tres preocupaciones fundamentales en la práctica de la prisión preventiva española: "El hecho de que la detención preventiva se ordene a menudo a partir de motivos ilícitos, la falta de medidas alternativas a la detención preventiva y la duración de esta".

Por este motivo, piden al Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU que recomienden a España que hace falta revocar el artículo 578 del Código Penal en línea con las obligaciones de España derivadas del derecho internacional de los derechos humanos para proteger la libertad de expresión. Además, piden asegurarse de que las decisiones previas al juicio en todas las etapas incluyen un razonamiento específico adaptado al caso individual y que la ley tenga en cuenta más medidas alternativas a la detención preventiva y a su uso en la práctica. Para acabar, piden modificar la ley para incluir plazos máximos más cortos de la detención preventiva.

Los presos políticos también sufren el abuso

Las conclusiones de este informe no han pasado por alto. El presidente Carles Puigdemont ha recordado al presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que los presos políticos también están afectados por este abuso de la prisión preventiva en España.

"El otro día escuché al candidato a la investidura Pedro Sánchez sacando pecho de manera acrítica, alabando la calidad de la democracia en España", ha tuiteado a través de las redes sociales. "Aquí tiene un informe que le bajará los humos".

Un artículo del que también se ha hecho eco el abogado Gonzalo Boye.

Otro ejemplo de este abuso de la prisión preventiva en España, es el caso de Sandro Rosell que pasó casi dos años entre rejas hasta que lo absolvieron.