El informe de la policía española sobre la investigación de la injerencia rusa en el procés de independencia de Catalunya se basa en indicios e información anulados por la Audiencia de Barcelona, el mayo pasado. El tribual ordenó al juez Joaquín Aguirre detener la instrucción del caso Volhov, que se centraba en descubrir vínculos entre autoridades rusas y el presidente Carles Puigdemont. Así se evidencia en las 196 páginas del informe, al cual finalmente han tenido acceso las defensas de los 13 investigados por traición, malversación de fondos y organización criminal y ElNacional.cat este jueves. La Comisaría General de Información de la policía española admite en el informe que aprovecha el material obtenido en las diligencias 111/2016, la causa madre sobre subvenciones irregulares a la Diputación de Barcelona y que derivó en distintas piezas.
Además, en el sumario de esta nueva pieza, se descubre ahora que el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona hizo una "resolución de convalidación" el 2 de julio pasado, en la cual validaba que el 12 de marzo pasado hubiera traspasado la investigación de la Guardia Civil a la Policía Nacional, y que el 20 de marzo aprobaba la "clonación" de los móviles de Víctor Terradellas (en la foto principal), David Madí, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell y Oriol Soler, detenidos en octubre de 2020 en el caso Volhov. Para las defensas, esta pieza de la injerencia rusa "es ilegal" porque el juez incumple la orden de su superior, la Audiencia de Barcelona.
Un indicio encontrado por el juez sin decir qué es
La prueba evidente que el caso Volhov y la pieza de la injerencia rusa son la misma investigación es que no hay ningún indicio ni prueba nueva ni diferente de la de hace cuatro años. En la resolución del 21 de junio pasado, el magistrado Aguirre imputó a las 13 personas, algunas nuevas como el president Artur Mar, defendido por Jordi Pina y del cual la policía no apunta ningún indicio, pero el juez lo imputa.
En esta resolución de junio, el magistrado justifica la nueva pieza diciendo que él mismo había encontrado unos indicios en los informes y móviles de los investigados del caso Volhov, como el exdirigente de CDC Víctor Terradellas, del cual se asegura de que llevó| responsables de Rusia delante el president Puigdemont, la vigila de la DUI, el 27 de octubre de 2017. Sin embargo, el juez Aguirre ni detalla qué indicios ha encontrado ni como.
El clonado de los móviles "blanquea" la investigación
Las sospechas de algunas defensas es que el juez ha sido ayudado por informáticos externos en el juzgado que han descubierto conversaciones de los investigados, que inicialmente no estaban en los primeros informes de la Guardia Civil, y que con esta operación, se ha blanqueado el contenido obtenido. Sin embargo, gran parte de las conversaciones son conocidas desde hace cuatro años.
En la resolución de convalidación, el magistrado afirma: "Se declara convalidado el acto de copia íntegra de las actuaciones y del clonado de los móviles de los investigados, efectuado el 20 de marzo de 2024 por funcionarios de la Comisaría General de Información," en lugar de hacer una copia y clonado nuevo por "evidente economía procesal". Es decir, la policía española tiene y analiza desde finales de marzo pasado el contenido de los móviles de los encausados en el caso Volhov, sin que el juez creara una nueva pieza de investigación hasta que la Audiencia de Barcelona le dijo que parara.
Actualmente, el Tribunal Supremo tiene que resolver si acepta la investigación de la injerencia rusa porque Puigdemont y Francesc de Dalmases, diputados de Junts, son aforados. Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene que responder aun si admite la querella presentada por Gonzalo Boye, también investigado en esta pieza y en nombre de Alay y Puigdemont.
Las defensas también han denunciado que el magistrado no tramita sus recursos para que la Audiencia de Barcelona detenga esta investigación viciada, y contra la aplicación de la amnistía, aunque reiteran que no han cometido ningún delito, como aprueba la Fiscalía.