Un nuevo informe internacional ha concluido que la represión española en Catalunya inspira dictaduras. Es la principal idea del documento Tool of Repression: Spaing and Global Trends in Silencing Self-Determination Movements, elaborado por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO, en inglés) y que ha sido presentado este miércoles en Nueva York con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) — de hecho, la ANC forma parte de la UNPO desde 2019. Se trata de un análisis que compara la gestión que hizo el estado español del movimiento independentista catalán después del 1-O con otros casos de todo el mundo, mostrando como "las democracias (a pesar de que defectuosas) han servido de inspiración a los autócratas que reprimen sus propios movimientos de autodeterminación".
Después de casi cuarenta páginas, el informe constata que "la gestión del empuje del movimiento nacional catalán por la autodeterminación por parte de las autoridades españolas ha demostrado que ha vulnerado los principios básicos de los derechos humanos". "Sobre todo aquellos relacionados con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés), del cual España es signataria", detalla. Si bien eso puede ser preocupante, "más preocupante todavía es la replicación de estas prácticas por todo el mundo para contrarrestar los movimientos de autodeterminación": y es que "(el estado español) ahora sirve de modelo para otros estados más autoritarios que buscan justificar sus acciones contra los activistas de la autodeterminación".
España vs. Ghana, Argelia, Pakistán, Rusia, Turquía...
Por una parte, del documento se dedica a esbozar el alcance y la gravedad de la criminalización del independentismo catalán por parte de las autoridades españolas. Por otra, destaca "los paralelismos encontrados con otras comunidades de la UNPO que se enfrentan a la opresión mediante herramientas similares de represión utilizadas por España". Así pues, el análisis comparativo empieza con las similitudes entre los cargos por sedición y rebelión en el estado español y los cargos por traición en Ghana contra los independentistas de Togolàndia Occidental (que se intensifican a partir del 2019).
De los cargos criminales pasamos a las acusaciones de terrorismo, cosa que pasa en Catalunya y muchos otros sitios. Es el caso del abuso en Argelia del antiterrorismo para silenciar la autodeterminación de Cabilia (2021), del uso en Pakistán de la legislación antiterrorista contra minorías (2020), del etiquetado por parte de Rusia de los tártaros de Crimea como extremistas y terroristas (2019) o de la supresión en Turquía de los activistas kurdos (2020). Pero la cosa no acaba aquí, porque la seguridad nacional sigue en el punto de mira si hablamos de vigilancia y espionaje. Conocemos bastante bien el CatalanGate, el espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas. ¿Pero conocemos el uso de software de espionaje en el Irán contra la comunidad kurda?
Represión policial, ley mordaza y euroórdenes
El informe también se fija en el uso de la fuerza a las manifestaciones, estableciendo un paralelismo entre las cargas policiales del 1-O y posteriores con la represión en Vietnam contra el pueblo de la Baja Camboya (sobre todo a partir del 2021). Y no hay que olvidarse de la particular ley mordaza de Indonesia contra la libertad de expresión de Papúa Occidental (2022). Finalmente, el documento llega al uso indebido de las euroórdenes por parte del estado español y las equipara con los intentos de extradición contra tibetanos por parte de China (2018). De hecho, recuerda cómo Pekín amenazó a la presidenta de Taiwán en diciembre del 2021: "Si fueras una líder separatista en la región española de Catalunya, ahora habrías estado en una prisión. Agradece que todavía vivos libremente en la provincia china de Taiwán".
Con todo, el análisis propone "poner límites a la capacidad de los fiscales y jueces de utilizar cargos ampliamente definidos, establecer estándares sobre la selección de jueces, establecer normas sobre la supervisión judicial de los servicios de inteligencia y reformar las políticas sobre actos de desobediencia civil o (incluso simbólicas) declaraciones de independencia", a más de pedir que la comunidad internacional reafirme el derecho a la autodeterminación. En la presentación en Nueva York del informe ha participado la expresidenta de la ANC Elisenda Paluzie, así como Salah Bayaziddi (activista kurda), Ayla Bakkalli (activista tártara), Tenzin Yangzom (activista tibetano) y Ralph Bunche (UNPO).