Los observadores internacionales del juicio del procés han emitido su último informe antes de la sentencia sobre todo lo que vieron en el Tribunal Supremo. Se trata de 13 informes individuales, uno de cada observador, que presentan sus opiniones a nivel personal y sin la intervención de la plataforma International Trial Watch, que se encargó de organizar las visitas y que había emitido los informes oficiales hasta ahora.
El documento publicado recoge los 13 informes de los observadores de diferentes países del mundo y que han asistido a sesiones de juicio en el Supremo. En sus textos denuncian las vulneraciones de derechos que han sufrido los presos y represaliados durante el desarrollo del proceso judicial en el alto tribunal presidido por Manuel Marchena.
Los autores de los informes son John Philpot (Canadá) – independiente, Paul Newman (India) – independiente, Bill Bowring (Reino Unido) - Abogados europeos para la democracia y los derechos humanos, Jelle Klaas (Holanda) - Nederlands Juristen Comité Voor De Mensenrechten, Patrizio Gonella y Susanna Marietti (Italia) - Antigone, Matthieu Cretenand (Suiza) - independiente, Cécile Brandely (Francia) - Saf (AED), Claire Dujardin (Francia) - Saf (AED), Ernesto Moreau (Argentina) - Associación Americana De Juristas, Sahar Francis (Palestina) - Addameer, Cristina Servan Melero (Cádiz) - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ramón Campos García y Ana Sebastián Gascón (Zaragoza) - Asociación Libre de Abogados y Abogados de Zaragoza, y Joseba Belaustegi Cuesta (País Vasco) - Erabakizaleak, Juristas por el Derecho a Decidir.
"La esencia de este juicio es criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos", denuncia John Philpot en su informe, donde también critica que "el estado español trata a los doce políticos y líderes sociales como una única organización criminal, como si fueran narcotraficantes o un grupo de crimen organizado".
"España tiene que reconocer que los catalanes ejercieron su derecho a la libertad de asociación, derecho al voto y derecho a la autodeterminación", pide Paul Newman. En el mismo sentido, Jelle Klaas, que centra su argumentación en el caso de Jordi Cuixart, asegura que "detener y procesar a Cuixart por haber utilizado sus derechos humanos para protestar y para ejercer la libertad de expresión es erróneo y tiene un efecto paralizador para el resto de la población". "Eso también podría perjudicar el buen funcionamiento de la sociedad democrática basada en el estado de derecho", alerta.
Informaciones reservadas
Ernesto Moreau, de la Asociación Americana de Juristas, hace referencia a las "investigaciones paralelas" llevadas por otros juzgados y que "permanecieron reservadas para los defensores". "Lo más grave es que una porción pequeña de estas pruebas fue discriminada por la acusación e incorporada por la instrucción (escuchas, vídeos, etc.) sin que las defensas pudieran controlarla o incorporar las partes recortadas de estas pruebas parciales", denuncia.
Sahar Francis, de la Asociación de Defensa y Derechos Humanos Addameer, experto en la defensa de presos políticos palestinos ante tribunales militares, llega a asegurar que "algunas de estas prácticas [vistas en el Supremo] son muy similares a las de la persecución militar de ocupación". Pone de ejemplo la definición de los delitos y el uso de materiales clasificados.