El Govern ha hecho públicos los informes en que asegura que se basa la decisión de aplazar las elecciones del 14-F hasta el mes de mayo, así como los argumentos jurídicos en que sustentan el decreto para la suspensión de los comicios firmado el viernes por el vicepresidente, Pere Aragonès. Según estos documentos, Salut apunta que el mes de mayo habrá un buen nivel de inmunización gracias al proceso de vacunación, mientras que el informe del Gabinet Jurídic pronostica escasas posibilitados ante un recurso como el que está en marcha al TSJC.

El informe de Salut, firmado por el Director de la Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, y acompañado de un certificado del Procicat que firman los consellers de Salut, Alba Vergés, e Interior, Miquel Samper, sitúa el nivel de inmunización de la población gracias al proceso de vacunación como dato básico entre los "criterios para identificar una nueva fecha electoral".

Después de subrayar que la vacuna será el "principal elemento que contribuirá a la estabilización de la pandemia a medio plazo", asegura que "es plausible pensar que se habrá alcanzado un buen nivel de inmunización de la población de más riesgo para la Covid-19 durante el mes de mayo y en consecuencia las condiciones para celebrar las elecciones pueden ser más propicias, con mayores garantías de protección de la salud colectiva, en un contexto de menor impacto de la Covid-19". El documento no concreta más, aunque el Govern decidió trasladar los comicios al último día posible de mayo.

 

Previamente, las conclusiones del informe por lo que respecta a la fecha del 14 de febrero insisten en pronosticar el pico epidémico "algunos días antes de la campaña electoral" y el pico de presión asistencial en las UCI pocos días antes de la celebración de las elecciones. Además, sitúa la campaña en plena "fase de mitigación", con dedicación intensiva a atender la pandemia y "dificultades para el rastreo óptimo".

"No se puede descartar que durante las semanas de campaña electoral [en referencia al 14-F] y la semana del día de las elecciones, se tengan que tomar medidas de mayor restricción social que las actualmente vigentes", añade el tercer punto de las conclusiones, que descarta la posibilidad de medidas de apertura en aquellos días.

El informe tampoco descarta una aceleración de la velocidad de propagación las próximas semanas a causa de las bajas temperaturas, la imposibilidad de cortar cadenas de contagio o la extensión de la nueva variante.

Pocas posibilidades para un recurso

Por su parte, el informe del Gabinet Jurídic señala que el decreto de suspensión del 14-F puede concretar una nueva fecha o bien establecer de manera objetiva los parámetro para permitir realizar una nueva convocatoria" pero en cualquier caso tiene que incluir una referencia "para evitar una demora indefinida o no sometida a parámetros objetivos.

Este informe prevé la posibilidad de una impugnación del decreto y también la posibilidad de medidas cautelarísimas como las que ha dictado el TSJC. Pero pronostica que "la viabilidad que la impugnación o medida cautelar prosperara sería muy reducida" si la decisión adoptada se encuentra avalada con "la congruencia entre los informes emitidos y las decisiones adoptadas, y especialmente atendiendo a la eventual coincidencia de la decisión con el posicionamiento que hayan adoptado los partidos políticos con representación parlamentaria".

 

Este informe, encargado por Aragonès y que se entregó el mismo viernes al Govern, hace repaso de los argumentos ya expuestos el pasado septiembre por la Comissió Jurídica Asesora y los precedentes de Galicia y Euskadi.

"Aplazamiento necesario"

El tercer informe en que el Govern ha basado la decisión de suspender el 14-F corresponde a la Direcció de Processos Electorals y concluye que es previsible que la pandemia del Covid-19 provoque "un grave impacto en las garantías democráticas del proceso" por lo cual aseguran que consideran "necesario el aplazamiento".

 

"La legitimidad del proceso electoral se ve afectada en practicamente su totalidad, con especial impacto y de forma transversal en la deliberación, el sufragio activo y el sufragio pasivo. La posible falta de legitimación de un proceso electoral es motivo suficiente para su aplazamiento", se asegura entre las conclusiones del informe.

Asimismo se argumenta que aunque la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto, "no hay suficiente oportunidades para la deliberación y la creación de una opinión informada, que las candidaturas no tendrán suficientes oportunidades para presentar sus programas y candidatos y que, en consecuencia, el resultado de las elecciones que pueda implantarse podría no tener suficiente fundamento para ser legítimo".

 

En la imagen principal, el vicepresident, Pere Aragonès, firmando el viernes el decreto de aplazamiento de los comicios / Ruben Moreno