El Tribunal Supremo se ha puesto las pilas después del paréntesis del coronavirus y, en un gesto peculiar, ha comunicado que "fijará previsiblemente" para el 17 de septiembre la vista para el recurso del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la inhabilitación a que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral.

Desde JxCat se ha evitado hacer una valoración del anuncio, a pesar de concluir que, después del retraso que el confinamiento ha provocado en todos los casos que tiene pendientes el Supremo, el alto tribunal ha decidido adelantar la carpeta del president de la Generalitat.

No solo eso, el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que forma parte del equipo legal que asesora al president, ha expresado en un tuit la sorpresa ante el hecho de que se haya anunciado la convocatoria antes de que se haya admitido a trámite el recurso. Costa ha recordado que el Supremo está resolviendo ahora mismo los recursos presentados en verano de 2018, cuando el de Torra es de febrero del 2020​.

Por su parte, el abogado del president, Gonzalo Boye, ha recordado que no sólo no se ha admitido a trámite, sino que el ponente designado por el Supremo para ocuparse del caso, Miguel Colmenero, pidió apartarse argumentando que ha sido nombrado miembro de la Junta Electoral Central, con lo cual no hay ponente. Además las partes tienen hasta la próxima semana para pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, el movimiento protagonizado desde el Supremo ha hecho evidente, en opinión de JxCat, que en el tribunal hay quien empuja para que este tema se agilice. Y esta evidencia ha vuelto a activar el debate sobre el final de la legislatura en Catalunya.

Durante las últimas semanas, JxCat ha rechazado hablar de la posibilidad de convocar elecciones para adelantarse a una inhabilitación y evitar así que sea el Supremo quien precipite la disolución del Parlament. Todos los consellers de este grupo han salido a reiterar una y otra vez  que convocar a urnas sería una irresponsabilidad porque la prioridad es dar respuesta a la crisis provocada por el coronavirus.

No obstante, la perspectiva de una vista en el Supremo en el mes de septiembre alimenta la hipótesis de una inhabilitación en otoño y la necesidad de concretar alguno de los escenarios alternativos a que se ha referido repetidamente la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ya sea a través de un cambio de gobierno o un nuevo president.

De momento, ERC ha recuperado su reclamación de que las decisiones se han de adoptar de manera consensuada entre los socios de gobierno. El vicepresident, Pere Aragonès, ha expresado este jueves "todo el apoyo" al president y el deseo de que el Supremo rectifique la sentencia del TSJC. Aragonès ha evitado posicionarse sobre la inhabilitación de Torra, pero ha insistido que las decisiones que se tengan que tomar "se harán con el consenso adecuado".

"Queremos que quien tenga que gobernar el país lo decida la ciudadanía de Catalunya y el Parlament, nunca un tribunal", ha insistido el vicepresident.

El hecho es que una inhabilitación de Torra provocaría también el cese de todo el Govern, que quedaría en funciones, mientras el Parlament dispondría de diez días para designar un nuevo candidato a la presidencia. Si una vez pasado este plazo no se hubiera designado president, se abriría la cuenta atrás de dos meses para buscar a un nuevo candidato y, en caso contrario, la convocatoria electoral seria automática.

De momento, desde presidencia de la Generalitat la única respuesta al movimiento del Supremo ha sido que al Palau de la Generalitat no había llegado ninguna notificación de ningún tipo y que el president "sigue concentrado en su gestión de la Covid-19, que es ahora su principal prioridad." De hecho, Torra no ha dedicado ninguno de sus tuits de hoy a este tema.

Lo que sí ha dejado claro es que "ningún independentista catalán puede tener nunca un juicio justo en España". Pero no se refería a su caso sino al de la diputada Laura Borràs, que hoy se ha defendido en el Congreso contra su suplicatorio. Al final, sin embargo, la respuesta desde el Govern está en manos de Torra.