El diputado y alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha quedado añadido a la lista de miembro del Parlament de Catalunya que se han visto desposeidos de su escaño esta legislatura a raíz de una inhabilitación o como consecuencia de la persecución judicial. La legislatura que se puso en marcha el 21-D se ha caracterizado por el pulso de buena parte de los líderes del procés para preservar sus escaños a pesar de la pressión de los tribunales, la prisión y las euroórdenes. La lista de diputados del Parlament encausados todavía no ha acabado.

El 17 de enero se puso en marcha la legislatura en plena vigencia del artículo 155 de la Constitución, con los escaños del Govern vacíos y con tres de los diputados en la prisión, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Quim Forn, y cinco en el exilio, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Primeras renuncias

En sus escaños se situó un lazo amarillo. También en las puertas de sus despachos. Quim Forn renunció a su escaño al cabo de seis días de la constitución de la Cámara, para facilitar su salida de la prisión. Su gesto, sin embargo, no obtuvo ningún resultado.

En este momento los diputados encarcelados, como no estaban todavía encausados, podían votar delegando el voto. A los exiliados no se les autorizó nunca. Esto provocó nuevas bajas en el Parlament pocos días después de su constitución. El 28 de enero, los diputados de JxCat Lluís Puig y Clara Ponsatí anunciaron que renunciaban al escaño con el fin de garantizar la mayoría necesaria para la investidura de Carles Puigdemont, prevista para el martes 30 de enero. Al día siguiente fue la republicana Meritxell Serret quien también renunció por la misma razón.

Con estas tres marchas, la vigilia del primer pleno de investidura convocado, el independentismo contaba con una mayoría suficiente de 68 votos. Sólo quedaban como diputados en el exilio Puigdemont -que debía conservar el escaño para poder se investido president- i Comín. A pesar de todo, el debate no se celebró- El presidente de la Cámara, Roger Torrent, aplazó el pleno en el último momento ante la suspensión decretada por el TC. 

Retorno a la prisión

El 22 de marzo fueron Carme Forcadell, Marta Rovira y Dolors Bassa quienes decidieron abandonar el hemiciclo. Fue el día antes de comparecer ante el juez instructor Pablo Llarena y ante la perspectiva de que se dictaran medidas de prisión preventiva contra ellas, como así fue. Aquel 22 de marzo la CUP había tumbado la investidura de Jordi Turull, que también estaba convocado el día siguiente ante el juez a Madrid. Turull también volvió a ser encarcelado y no pudo comparecer a la segunda parte del pleno de investidura. Con él volvieron al centro penitenciario Josep Rull y Raül Romeva. Sólo Marta Rovira se libró de la prisión porque aquella noche en lugar de ir hacia Madrid, se dirigió a Suiza, y pasó a formar parte de la lista de euroórdenes de Llarena.

Bassa, Forcadell y Rovira, abandonan por última vez el Parlament el 22 de marzo del 2018 como diputadas / Sergi Alcàzar

Con este giro, el Parlament pasó a tener dos diputados en el exilio y seis en la prisión. Esta situación se convirtió también en un foco de tensiones a partir del momento en que el juez Llarena reclamó la suspensión de los diputados encarcelados, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. JxCat y ERC intentaron frenar la suspensión argumentando que se había presentado recurso al encarcelamiento y la Cámara acordó que los diputados afectados pudieran "designar" a un compañero de grupo para asumir sus derechos parlamentarios mientras el Supremo decidía. No abandonaban el escaño, pero tampoco ejercían sus derechos.

Puigdemont y los encarcelados de JxCat se negaron a "designar" a nadia para sus funciones, como sí hicieron Junqueras y Romeva. De esta manera el Parlament se encontró con diputados que mantenían el escaño pero no podían acudir al pleno ni ejercer el voto, con lo cual se perdía la mayoría independentista. Eso pasaba el mes de septiembre. En julio los servicios de la Cámara ya les había retirado el sueldo.

Del Parlament al Congreso

El 2 de mayo del 2019, Junqueras abandonó el Parlament para asumir el acta de diputado en el Congreso, después de presentarse a los comicios legislativos desde la prisión y mientras se estaba celebrando el juicio contra los líderes del procés en el Tribunal Supremo. Lo mismo hicieron Rull, Turull y Sànchez, también encarcelados y en pleno juicio, tres días antes de tomar posesión de sus escaños en la cámara baja.

Con todos estos cambios, Romeva fue el único de todos los presos políticos que aún conservaba el escaño en el Parlament cuando a mediados de octubre del 2019 se hizo pública la sentencia del Supremo que lo condenaba a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación. 

En enero del 2020 fueron Carles Puigdemont y Toni Comín los que renunciaron a su escaño en el Parlament, pero no por un mandato judicial, sino para poder asumir su acta de diputado en el Parlamento Europeo que, después de seis meses de batalla legal, habían visto reconocida.

Puigdemont y Comín consiguieron en enero del 2020 tomar posesión de su escaño en Estrasburgo / ACN

Los pulsos de los diputados encausados y exiliados por su participación en el 1-O, ha tenido hoy continuidad con el diputado Lluís Guinó, condenado a 20 meses de inhabilitación junto con el resto de representantes independentistas de la Mesa que presidía Carme Forcadell. Los también condenados Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, ya no son diputados de la Cámara catalana.

Diputados pendientes

En el Parlament, sin embargo, todavía quedan diputados con causas abiertas por el 1-O, como los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados delante del TSJC por la organización del 1-O y el despliegue de la Hacienda catalana.

Aparte de la represión del Estado contra los responsables del 1-O, el Parlament ha registrado también esta legislatura la inhabilitación de Quim Torra como diputado, mientras ostentaba la responsabilidad de la presidencia de la Generalitat. En este caso, la condena se produjo a raíz de la negativa a obedecer la orden de la JEC sobre la retirada de una pancarta en apoyo a los presos durante las elecciones generales de abril de 2019.

Torra aseguró que no renunciaría a su acta, pero el secretario general de la Cámara se encargó de cumplir el mandato del tribunal y le retiró el acta. JxCat se quedó defendiendo en solitario en la Mesa el escaño del president, lo cual abrió una nueva crisis entre los socios de Govern. El escaño de Torra no ha sido ocupado por ningún otro diputado. Correspondía a Maria Senserrich del PDeCAT, ocupar su lugar, pero renunció hacerlo.