El epicentro de la política catalana se desplazará de nuevo este jueves al Tribunal Supremo. Allí se celebrará la vista del recurso contra la sentencia de inhabilitación que el TSJC impuso al president de la Generalitat, Quim Torra, por no descolgar la pancarta en apoyo a los presos políticos del Palau. Según marca la ley, en caso de que el tribunal confirme la sentencia y se aplique la inhabilitación del president, todo el Govern quedará cesado y se mantendría en funciones hasta la constitución de un nuevo ejecutivo. El Govern no tendrá president y tampoco está previsto que JxCat presente a un candidato para asumir este cargo. El vicepresident, Pere Aragonès, le sustituirá en algunas de sus funciones hasta que el Parlament active el reloj para disolver la Cámara y se convoquen nuevas elecciones.
Fuentes de la presidencia aseguran que Torra no esperará a que haya sentencia para dar a conocer su opinión y que esta misma semana protagonizará una comparecencia pública.
Ningún precedente
A finales de enero, como consecuencia de la sentencia del TSJC, el Parlamento quitó al president su condición de diputado, con lo cual, y después de un agrio enfrentamiento con el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha convertido en el primer president desde la restauración de la Generalitat que no ostenta la condición de diputado.
No es la única novedad. Según su equipo de abogados, que encabezan Isabel Elbal y Gonzalo Boye, no hay ningún precedente en la jurisprudencia europea de un presidente en ejercicio del cargo que haya sido inhabilitado por un hecho como haberse negado a descolgar una pancarta.
La vista del jueves en el Supremo para el recurso de casación será breve. Las partes dispondrán de unos 20 minutos cada una para desplegar sus argumentos. No está previsto que Torra tenga turno de palabra. El objetivo de la defensa será dejar claras la desproporción y excepcionalidad de la sentencia, la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión o la falta de autoridad de la Junta Electoral Central -con uno de los miembros, a sueldo de Ciudadanos- sobre un cargo público que no concurría en la carrera electoral, las generals del 28 de abril de 2019.
En caso de confirmarse la sentencia, se activaría el procedimiento político. Torra no ha revelado cuál será su respuesta a una inhabilitación, a pesar de las presiones de los socios de ERC que han reclamado que sea consensuada. No obstante, el president ya apostó por desobedecer al TSJC cuando el pasado mes de diciembre lo inhabilitó. Este verano desde la Universitat d'Estiu de Prada, el president insistió en la estrategia de desobediencia y confrontación.
Decreto del Govern
El Estatut y la Ley de la Presidència y del Govern establecen el recorrido en caso de inhabilitación del president. Si el Supremo ratifica la inhabilitación dictaminada por el TSJC todo el Govern se vería afectado. Según el artículo 18 de ley de la Presidència, todos los consellers quedarían cesados y el Consell Executiu se mantendría en funciones.
El artículo 27 de la Ley establece que el Govern en funciones tiene que limitar su actuación al despacho ordinario de asuntos públicos y tiene que abstenerse, si no es por razones de urgencia o interés general, de adoptar cualquiera otras medidas. No puede aprobar el proyecto de ley de presupuestos, ni presentar proyectos de ley al Parlament, ni dictar decretos legislativos.
No obstante, para hacer efectiva la inhabilitación tendría que publicar un decreto, ya que, según el artículo 6.4 de la Ley de la Presidència, "la suplencia y la sustitución del president o presidenta de la Generalitat se acuerdan por medio de un decreto, del cual se tiene que dar cuenta en el Parlament y el cual se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya."
Sustitución interina
Según esta ley y dado que no hay un conseller primer, corresponde al vicepresident, Pere Aragonès, asumir la sustitución del president interinamente. No habrá una presidencia en funciones. La presidencia en funciones sólo la ejerce el president, en caso de cambio de legislatura, cuando se aprueba una moción de censura o se deniega una cuestión de confianza o cuando el president dimite.
Como vicepresident, Aragonès asumirá algunas funciones del president, pero no todas. No podrá designar o cesar consellers, ni podrá disolver anticipadamente la legislatura, ni tampoco ejercer las atribuciones del cargo relativas al planteamiento de una cuestión de confianza, según el artículo 6.3 de la ley de la Presidència.
El vicepresidente, Pere Aragonès, asumirá funciones del presidente en caso de que sea inhabilitado / Ruben Moreno
Una vez publicado el decreto por parte del Govern, entra en juego el Parlament donde se tendrá que activar el procedimiento para la sustitución del president o la convocatoria de elecciones. Aunque Torra no ha revelado como pensar responder a una hipotética inhabilitación, si habría dejado claro, en las conversaciones internas con la cúpula de JxCat que no quiere que haya un candidato alternativo a asumir este papel.
Esta semana, Carles Puigdemont mostró su apoyo en este tema que, según algunas fuentes, formaría parte del acuerdo que cerró con Torra durante el encuentro que mantuvieron en Cotlliure a finales de verano y donde el president aceptó no adelantar las elecciones, pero sí hacer cambios en el Consell Executiu.
Disolución del Parlament
La inhabilitación del president activaría el mismo mecanismo que al principio de la legislatura para elegirlo. El presidente del Parlament tiene que consultar a los grupos y proponer un candidato, que se ha que someter a votación del pleno. Si pasados dos meses de la primera votación no se consigue escoger a un presidente, el Parlament se disuelve automáticamente y se convocan nuevas elecciones.
No obstante, si no se presenta un candidato no se producirá esta primera votación con lo cual no se activa el reloj de dos meses para disolver la Cámara. Este reloj ya se hizo famoso el 30 de enero de 2018 cuando el presidente del Parlament aplazó la sesión de investidura de Carles Puigdemont por orden del TC y el calendario quedó congelado.
El presidente del parlamento, Roger Torrent / Sergi Alcàzar
Activar la disolución
En aquel momento, los letrados elaboraron un informe en que concluían que en caso de que no se produzca esta primera votación de investidura fallida por falta de un candidato, el presidente de la Cámara o incluso los grupos parlamentarios pueden impulsar lo que describen como un "acto equivalente" que activara el reloj para la disolución automática del Parlament.
Esta resolución se ha señalado como una de las posibles alternativas si se produjera una situación de bloqueo por la falta de un candidato para la primera votación. No obstante, según fuentes del Parlament, la Mesa no ha pedido todavía ningún informe a los letrados sobre los escenarios que puede plantear una inhabilitación.
De hecho, la previsión es que la decisión del Supremo, una vez celebrada la vista del jueves, se alargue todavía unas semanas. No será hasta que los jueces se pronuncien que se podrá saber si la política catalana entra en un nuevo remolino o si, por el contrario, Torra conseguirá escapar de la inhabilitación y concluir la legislatura.