Nueva estocada al caso Volhov, de supuesta injerencia rusa en el procés de independencia de Catalunya, que ha investigado el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre desde el 2019. El fiscal Anticorrupción, Ricardo Sanz-Gadea, ha pedido al magistrado el archivo de la pieza 2, donde no hay investigados concretos, porque la Audiencia de Barcelona ya le ordenó, el mayo pasado, detener toda investigación a agosto de 2023. En un segundo escrito, el fiscal también pide el archivo de la pieza 5 o Villa Bugatti, sobre supuestamente una subvención irregular y una recalificación urbanística cuestionada en Canet de Mar. El fiscal sostiene que "no ha quedado acreditado ningún delito", según las resoluciones a las cuales ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes.
El magistrado Aguirre no hizo caso de la Audiencia de Barcelona y abrió una nueva investigación con todo el material recogido sobre la supuesta existencia de una trama rusa y en julio la envió al Tribunal Supremo para que asumiera el caso, donde ponía como líderes a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont. Cuatro meses después, la sala de lo penal del Supremo, encabezada por Manuel Marchena, no ha respondido si asume o no esta investigación. La excusa es que el alto tribunal español espera que la Audiencia de Barcelona resuelva todos los recursos, según fuentes judiciales. Esta prudencia no se tuvo con el caso Tsunami, al final archivado.
El exalcalde y el exregidor de Cabrera de Mar
La operación de Volhov se materializó el octubre de 2020 con una decena de detenidos. En la pieza de Villa Bugatti eran investigados el exalcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), defendido por el penalista Jordi Pina, junto con el exregidor de Urbanismo, Enric Mir (ERC), defendido por el abogado Mariano Bergés, por supuestamente haber ayudado el exconseller Xavier Vendrell para hacer una recalificación urbanística en esta zona para trasladar la escuela de educación especial El Brot. Esquerra hizo dimitir al regidor Mir cuando la Guardia Civil le encontró un sobre con unos 38.000 euros en el despacho municipal. Ahora -cuatro años después- el fiscal da credibilidad a lo que declaró en el juzgado al principio: que era dinero de una compraventa familiar. En esta causa también había excargos de Ensenyament investigados. Se los acusaba de tráfico de influencias y prevaricación y ahora el fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional al afirmar que “no ha podido acreditarse la comisión de los supuestos delitos”.
La querella al juez Aguirre, sin respuesta
En cuanto a la pieza 2, el representante del Ministerio Público manifiesta que todo lo instruido hasta ahora, y como la investigación se tiene que parar a agosto del 2023, "es insuficiente para dictar uno una resolución de transformación a procedimiento abreviado", es decir para enviarlo a juicio, y por eso pide al juez el sobreseimiento provisional.
El caso Volhov fue derivado del caso Diputación, el cual el magistrado Aguirre investiga supuestas ayudas irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades próximas a Convergència desde el 2016. Son Catmon y Igman, fundación, la primera, por la exdiregent de CDC Víctor Terradellas -que un mensaje en su móvil derivó en la supuesta trama rusa- y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. El juez Aguirre ha aprovechado que la pieza de Catmon no estaba recurrida en la Audiencia de Barcelona para volcar toda la investigación hecha por la Guardia Civil, e imputar a nuevas personas, como Gonzalo Boye, abogado del president en el exilio.
Precisamente, Puigdemont, Boye y Josep Lluís Alay, también investigado en la trama rusa, presentaron una querella por prevaricación contra el juez Aguirre, el julio pasado. Cuatro meses después, el TSJC todavía no ha dicho si la admite a trámite o no. Además, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha pedido jubilarse el próximo 15 de enero. Hace semanas que el magistrado está de baja por problemas de salud, con las causas principales paradas en el juzgado.