El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma, hasta el 9 de mayo, los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables, con el rechazo de las grandes inmobiliarias, que advierten de que habrá una "oleada de reclamaciones judiciales".

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha hecho hincapié en que el decreto intenta "preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las familias más vulnerables, pero también los derechos de los arrendadores". Por esta razón, todos los propietarios que tengan inquilinos con contrato, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.

Desahucio de los Okupas

También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores -propietarios de más de diez inmuebles- tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista.

En estos casos, los propietarios, en su mayoría fondos de inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos, podrán solicitar igualmente una compensación, si demuestran que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico.

En todos los supuestos contemplados, las comunidades autónomas tendrán tres meses, desde que quede acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecer a estos una alternativa habitacional que sea una "vivienda digna". Si no lo hacen, se compensará a los arrendadores desde el momento en que se acordara la suspensión.

"Efecto llamada"

Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, la norma abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado.

Asval sostiene que el decreto "ampara la ocupación ilegal" y que esto tendrá un "efecto llamada" y dañará la imagen de España en Europa.

También el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha afirmado que "no se puede regularizar la situación de los okupas a costa del sector privado", mientras que el ministro Ábalos ha sostenido que el decreto "no legitima ninguna ocupación de viviendas".

Zurdo ha opinado que, tras el "fracaso" de los créditos ICO para el alquiler, las nuevas medidas "llegan tarde y mal". "Tarde porque muchos propietarios, sobre todo los particulares que están más indefensos, llevan más de nueve meses de impagos, y mal porque tendrán que soportar ahora tres meses o más de morosidad, hasta que quizás puedan ser compensados y por una ínfima parte del perjuicio causado".

Por su parte, el sindicato de inquilinos de Madrid ha celebrado los "avances", pero ha lamentado lo "descafeinado" y "provisional" y las compensaciones para los grandes propietarios, a los que considera responsables de la falta de vivienda en alquiler asequible.

Prohibido cortar los suministros

El decreto-ley prohíbe asimismo durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social, todas las categorías que define la ley, y también a los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad, pero pueden acreditarla por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales.

Organizaciones como Facua-Consumidores en Acción han manifestado su satisfacción por esta "decisión de gran calado que protegerá a multitud de familias que lo están pasando extraordinariamente mal", aunque otras como la Alianza contra la Pobreza Energética han avisado de que el texto muestra algunas "lagunas por las que muchas familias se quedarán al margen de la protección".

El decreto, que ha sido motivo durante más de un mes de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, "no es la panacea, pero dará tranquilidad a las familias", ha asegurado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en un vídeo difundido al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Fotografía principal: Desahucio en el barrio del Raval / Sergi Alcàzar