Después de haber estado en los últimos meses sobre los tejados del Congreso y del Senado, la pelota de la ley de amnistía estará a partir de este jueves en manos de los jueces españoles. Hay un cierto nerviosismo en la Moncloa con esta última etapa que tiene que recurrir la norma, una vez el Congreso la apruebe de forma definitiva este trigésimo día de mayo y seguidamente aparezca publicada en el BOE. Porque hace unos meses un grupo de juristas —la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial— publicaba una guía sobre cómo los tribunales pueden driblar la aplicación de la ley presentando cuestiones prejudiciales en Europa, y ahora se ha sabido que este manual se ha difundido a más de 5.000 jueces a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial. Este martes, Félix Bolaños se limpiaba las manos sobre sus responsabilidades como ministro de la Presidencia y de Justicia y señalaba que la potestad sancionadora sobre este tema la tiene el CGPJ, que "es quien tendrá que determinar si existe una intromisión en la independencia judicial". Fuentes de la máxima capitanía del Gobierno admiten que a estas alturas cruzan los dedos para que guías de este tipo no creen doctrina entre los jueces que tengan que amnistiar a independentistas.
Aunque estas mismas fuentes niegan la existencia de un pesimismo dentro de la sala de máquinas de la Moncloa, temen que haya algún juez que, retorciendo el texto, haga una interpretación interesada de la ley. Reconocen que también pesan en la memoria del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez las distintas manifestaciones de jueces celebradas el pasado mes de noviembre contra la norma. Una vez el PSOE registró la ley en el Congreso de los Diputados, magistrados de varias ciudades españolas se concentraron, vistiendo sus togas, delante de algunas sedes judiciales.
Hay que recordar que incluso una asociación de tendencia progresista como Juezas y Jueces por la Democracia firmó el comunicado conjunto con otras entidades en que se denunciaba la aceptación por parte del PSOE que se había practicado lawfare contra el independentismo. Esta asociación, no obstante, rechazó participar en las movilizaciones, con el fin de preservar la imparcialidad. Son todas estas cuestiones las que mantendrán al Gobierno atento a los movimientos del poder judicial durante las próximas semanas y meses, cuando la amnistía ya haya entrado en vigor.
Más allá del papel que puedan jugar los jueces en esta última —pero no corta— etapa, las mismas fuentes consultadas opinan que la ley de amnistía ya está amortizada por los socialistas. Destacan que el PSOE habla sin ninguna manía de esta norma en los mítines de la campaña de las elecciones europeas. El resultado de las elecciones del 12-M, apuntan, sirve para hacer entender a los electores españoles que la ley es buena. Avalan esta tesis desde el PP. Fuentes de Génova 13 explican que a estas alturas consiguen desgastar más a Pedro Sánchez con el caso de Begoña Gómez que con una ofensiva por el flanco de la amnistía. Un dato: la manifestación organizada por el partido de Alberto Nuñez Feijóo en Madrid el pasado domingo solo consiguió reunir a 20.000 participantes, según la delegación del Gobierno.
La reunión Sánchez-Puigdemont, en manos de Illa
Pedro Sánchez informaba la pasada Navidad que tenía la intención de reunirse varias veces con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras una vez se hubiera aprobado la ley de amnistía. El caso es que, finalmente, su aprobación definitiva coincide en plena campaña europea y, sobre todo, en medio de las negociaciones en Catalunya para investir a un nuevo jefe del Govern; con el riesgo de chocar con una repetición electoral. Es por eso que ahora mismo está en el aire la celebración de un encuentro entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat en el exilio, apuntan estas mismas fuentes.
El entorno de máxima confianza del presidente del Gobierno señala ahora que en ningún caso se interferirá desde la Moncloa en las negociaciones del PSC para intentar entrar este verano en Palau. "Salvador Illa decide" y en sus manos queda la posibilidad de que se celebre esta reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Añaden que el encuentro no se celebraría en caso de que los socialistas catalanes consideraran que la 'foto' obstaculiza unas negociaciones fructuosas.
Dar "espacio" a ERC y esperar qué pasa con Puigdemont y Junqueras
Las voces de más peso del PSOE insisten, en público y en privado, en que todo está ahora en manos del PSC. Aseguran que Salvador Illa cuenta con la máxima confianza de Pedro Sánchez para conformar Gobierno en Catalunya. En la Moncloa siempre han considerado que una presidencia de Illa no pone en riesgo el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo con la distancia que separa la suma de fuerzas independentistas de la mayoría absoluta en el Parlament; entienden que no hay otra alternativa. Desde la dirección de Ferraz insisten en que hay que dar "espacio" a Esquerra Republicana, esperar que digiera los resultados del 12-M y no vea ninguna otra alternativa que no sea la de entregar sus votos a Illa.
Sobre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, los dos dirigentes con quienes Sánchez pretendía reunirse la pasada Navidad una vez se aprobara la ley de amnistía, el Gobierno también tendrá que mantenerse a la espera sobre su futuro. En primer lugar, porque el presidente en el exilio ya dijo que tenía pensado abandonar la primera línea política si no volvía a entrar en Palau, y porque el republicano tendrá que someter su continuidad al frente de ERC al Congreso Nacional que celebrará el partido el mes de noviembre. De momento, el PSOE mantiene en el congelador las mesas de diálogo con estos dos partidos hasta que no tenga claro cuáles son sus interlocutores.