"No me consta, lo desconozco" y "no lo recuerdo." La inspectora de la policía española que elaboró tres informes, en los cuales acusa al abogado Gonzalo Boye de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha usado estas respuestas a las preguntas del abogado de Boye y de otros defensores que con hechos han puesto en duda sus indicios incriminatorios. La inspectora de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) ha declarado este lunes en el juicio del caso Mito, en la Audiencia Nacional, y ha ratificado su acusación contra el abogado de Carles Puigdemont al ser interrogada por el fiscal. Cuando ha sido el turno de las defensas, la inspectora se ha mostrado más desmemoriada y nada precisa. El interrogatorio de la inspectora y otros policías continuará este martes en la Audiencia Nacional, que ha reiniciado la vista esta semana, después de las vacaciones de Navidad.
La acusación de blanqueo y falsedad documental se refiere a los 889.620 euros que el 6 de febrero de 2017 se comisaron en el aeropuerto de Barajas en las maletas que llevaba Manuel Pedro González Rubio, su pareja Adriana Moreno y los padres i el hermano de esta. Rubio declaró en el aeropuerto que el dinero era suyo y que los llevaba a Colombia para montar un negocio. En este sentido, la inspectora ha asegurado que esta afirmación era mendaz y que el dinero era de Miñanco (nombrado como Mario por sus colaboradores), porque la cantidad de dinero que tenía Rubio en el banco "era irrisoria".
Rubio, a través del despacho de Boye, presentó unas letras de compra venta para justificar la procedencia lícita del dinero en el procedimiento administrativo, abierto y cerrado. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que eran unas copias y usados en otros expedientes. La inspectora ha matizado que no se cuestiona los préstamos, y ha añadido:"Boye no sabía la vida de las letras, pero cuadró fechas para hacer una narrativa jurídica para justificar que el dinero era lícito." Por estos hechos, la Fiscalía pide 9 años y 9 meses de prisión para Boye.
La hija de Miñanco, abogada
La investigadora policial ha añadido que el nexo de Boye con la organización de Prado Bugallo es que en el registro de su despacho, en el 2018, se le encontraron mensajes de WhatApp con Isabel Prado Pouso, una de las hijas de Miñanco sobre el procedimiento administrativo para recuperar el dinero. Cuando se le ha preguntado si sabía que Isabel Prado es abogada de profesión y ha trabajado en el despacho Boye-Elbal, la inspectora ha respondido: "Lo desconozco." Tampoco ha sabido detallar que Boye y Prado acordaran ninguna irregularidad en la presentación de informes sobre el dinero decomisado. La defensa también ha explicado que desde el despacho de Boye se han llevado causas de Prado Bugallo, pero también de Rubio desde el 2010 del 2017. Por lo tanto, su relación es la de abogado-cliente. Nada más. La inspectora ha llegado a afirmar que Rubio era "un instrumento" al servicio de Miñanco.
Además, la inspectora no ha podido aportar ninguna prueba que Sito Miñanco diera ninguna orden directa para recuperar el dinero que supuestamente era suyo, a preguntas de su abogado defensor. "Tiene personas de confianza que lo hacen por él", ha contestado y que lo "dedujeron" con las conversaciones de los teléfonos intervenidos.
El abogado de Rubio ha preguntado a la inspectora que si además de mirar sus cuentas, también analizó y valoró la empresa de Rubio, Complutum internacional, la cual -ha asegurado- que está "valorada en unos 3 millones de euros", y que había obtenido "un crédito por este valor del Banco Sabadell". Nada. "Se desconoce el origen del dinero del aeropuerto", ha ido reiterando la jefa policial en el interrogatorio de las defensas.
Retorno de 440.000 euros comisados
El abogado de Boye, el penalista Eduardo García Peña, también ha insistido a preguntar a la policía si alertaron a la Fiscalía, el SEPLAC o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la supuesta ilicitud del dinero, tal como exige la ley. La inspectora se ha defendido diciendo que era "una pieza secreta" y que lo tenían que hacer entre órganos judiciales. El abogado le ha recordado que el tribunal hizo devolver 440.000 euros a Rubio y a su familia del dinero comisado, poniendo todavía más en cuestión su origen ilícito.
Un testigo con motivos espurios
La inspectora también ha sacado hierro al valor de la confesión de uno de los acusados, Manuel Puentes Saavedra, que aseguró que el dinero eran de Sito Miñanco y que se había acordado pagar 10.000 euros a Boye y 30.000 al abogado Alejandro Guerra para su recuperación. "Su declaración da contexto porque no sabíamos el nexo y la unión entre ellos", ha asegurado la inspectora, y, sin embargo, ha negado conocer su relación profesional y laboral del despacho de Boye con Rubio. La defensa de Boye sostiene que la declaración de Puentes Saavedra no es válida porque la hizo para conseguir salir de la prisión, donde estaba de forma provisional y a pesar de tener una acusación de encargar un crimen.