Sin desfallecer. El Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA), que ejerce la acusación popular con la asociación catalana Drets en la causa de la operación Catalunya, en la parte andorrana, ha pedido a la juez de Instrucción especializada 2 de Andorra, que vuelva a entregar Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) "de carácter urgente" a las autoridades españolas para que le permitan interrogar, como querellados, al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los exministros del PP, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. La entidad lo ha solicitado este jueves, justo al día siguiente de saber que la Audiencia de Madrid ha denegado este auxilio judicial, porque, en su opinión, la petición de Andorra tiene base legal, pero no detalla ni individualiza de qué se acusa a Rajoy y a la policía patriótica del PP.
En concreto, los abogados Alfons Clavera y Agustí Carles, personados para defender "la soberanía de Andorra", han solicitado a la juez que admita la ampliación de la querella que le presentaron el pasado octubre, en la que sostienen que se individualizan los hechos delictivos de Rajoy y de su equipo, además de añadir el delito de organización criminal y a un nuevo querellado, un agente de la Guardia Civil. Las pruebas aportadas son audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, así como declaraciones que políticos y cargos policiales efectuaron en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados.
La querella contra dirigentes del PP está admitida desde hace cuatro años
La querella andorrana, presentada en 2016, estaba dirigida contra el inspector jefe de la policía española Celestino Barroso y el comisario Marcelino Martín-Blas (que se hacía llamar "Félix" y declaró desde el Estado español en 2018). En el año 2020, se amplió la querella contra el Gobierno del PP, incluido el entonces presidente Mariano Rajoy. Fue presentada por los hermanos Cierco al hacer público que habían sido extorsionados por la policía patriótica del PP para que facilitaran información bancaria de la familia Pujol Ferrusola de las cuentas que tenían en su banco, Banca Privada Andorrana (BPA), intervenida y cerrada, como su filial, Banco Madrid, por no haber colaborado de forma suficiente.
Una operación de Estado contra el independentismo
En concreto, se afirma que el gobierno del PP "efectuó una operación de Estado contra el independentismo catalán en Andorra", que perjudicó al Principado y provocó la liquidación de BPA. A la acusación particular de los Cierco se añadió Joan Pau Miquel, CEO de BPA, y la familia Pujol, y como acusación popular, el IDHA. Hasta la fecha, se han personado en el juzgado andorrano algunos de los querellados, pero no los principales, a los que se acusa de asociación ilícita, falsedad documental y de ir contra las instituciones andorranas, y ahora también de grupo criminal.
Las autoridades judiciales españolas también han rechazado que se interrogue al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; al exdirector General de la Policía, Ignacio Cosidó; y a los policías Eugenio Pino (del cual se dice que está jubilado) y a Bonifacio Díez (tiene protección diplomática, según las autoridades españolas).
Informe policial pendiente
En el escrito, el abogado del IDHA también recuerda a la juez que encargó un informe a la unidad de investigación económica y financiera del Servicio de la Policía sobre esta supuesta extorsión y que autorizaba a esta unidad judicial de Andorra a ponerse en contacto con la unidad policial española para intercambiar información, pero que nada saben de este encargo, que ordenó en mayo de 2023.
Una segunda investigación bloqueada
Las autoridades judiciales españolas han vetado cualquier investigación en Andorra de la operación Catalunya. Paralelamente a la querella de los Cierco, la familia Pujol Ferrusola presentó en Andorra una querella en agosto de 2014 por el delito mayor de violación de secretos por profesional contra profesionales de Andbank y BPA, cuando una parte de sus cuentas en Andorra salió en el conocido pantallazo en el diario El Mundo, el 7 julio de 2014. Después han acusado a los anteriores dueños de BPA, los hermanos Cierco, al directivo del banco Joan Pau Miquel, y a los comisarios de la policía española Celestino Barroso y Marcelino Martín Blas.
Esta causa de los Pujol es investigada por la juez especializada 1 de Andorra, quien ha requerido hasta seis veces la colaboración de la justicia española desde el año 2020, y el pasado mayo el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga todas las acciones del gobierno del PP y Villarejo, las volvió a vetar.