El Ministerio del Interior ha decidido aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. La medida implica que el que también fue senador de los populares dispondrá de un régimen de semilibertad o tercer grado, según ha informado el diario El País. La decisión se ha adoptado después de que Bárcenas haya realizado una gran parte de un programa de reinserción para los delincuentes de delitos vinculados a la corrupción y también después de haberle concedido hasta 20 permisos de salida de la prisión en que "no se ha registrado ningún incidente".
La información apunta que el extesorero del PP iniciará su semilibertad este jueves y saldrá de la prisión de Soto del Real. Está previsto que cumpla el resto de su condena —de 33 años y cuatro meses inicialmente; pero finalmente, fruto de la revisión del Supremo, de 29 años y un mes por la primera época del caso Gürtel— en un Centro de Inserción Social en Madrid. La medida puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria y, si se desestimara, todavía podría ser recurrida ante la Audiencia Nacional. Bárcenas ingresó en prisión preventiva a mediados del 2013 y salió abonando la fianza correspondiente en enero de 2015. Una vez se hizo pública la sentencia de Gürtel en mayo de 2018, el extesorero ingresó en Soto del Real para cumplir la condena impuesta. El tribunal ya estipuló entonces que el tiempo máximo de cumplimiento sería de 12 años con la aplicación de la regla del triple de la condena mayor, que en este caso corresponde a los cuatro años por el delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
La Audiencia Nacional archiva la caja B del PP
Esta decisión de Prisiones se conoce un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivara la investigación sobre las presuntas donaciones de empresarios a la caja B del Partido Popular durante la presidencia de José María Aznar. Este dinero en negro salió a la luz por los papeles de Luis Bárcenas. Presuntamente, estas donaciones se hacían a cambio de adjudicaciones públicas por parte de la formación popular, pero Pedraz sostiene que no se ha podido acreditar que se cometiera ningún delito: "No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical que aporte algún dato incriminatorio, ni tampoco lo hacen los múltiples informes de la UDEF o de los interventores de la Fiscalía".
Este caso lo inició el juez Pablo Ruz el año 2013, pero cerró la causa dos años después por no haber encontrado "indicios delictivos" en el pago de la reforma de la sede de los populares en la calle Génova de Madrid con los fondos extracontables. Ahora bien, las declaraciones judiciales del líder de la Gürtel, Francisco Correa, y del propio Bárcenas explicando en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones recibidas "buscaban adjudicaciones" provocaron que se reabriera el caso el año 2017. De hecho, en una declaración el 16 de julio de 2021 ante el magistrado Pedraz, el extesorero apuntó a los ministros de Fomento y Medio Ambiente del partido porque se reunían con empresarios que hacían donaciones a la caja B. Aquel mismo mes, se cerró la fase de instrucción y las partes quedaban pendientes del informe de la Intervención General de la Administración del Estado. Anticorrupción, al recibir este documento, solicitó el sobreseimiento de la causa porque no se detectaron irregularidades en las adjudicaciones públicas.