El abogado Gonzalo Boye está inmerso en un juicio donde la Fiscalía afirma que participó activamente en un entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico. En este juicio que investiga la supuesta introducción de cuatro toneladas de cocaína en el estado español, además de la existencia de una red para ocultar los beneficios, liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, hay otro nombre que suena a menudo y es uno de los otros juzgados: el del colombiano Manuel Andrés Puentes Saavedra. Pues según afirma The Objectice este lunes, el Ministerio del Interior otorgó la residencia en el 2017 a Manuel Andrés Puentes Saavedra a pesar de estar investigado por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo.
Puentes Saavedra es uno de los colaboradores más próximos de Miñanco y jugar un papel relevante en la red de narcotráfico desarticulada en febrero del 2018; de hecho, es considerado uno de los operadores logísticos de la organización. Ahora, el citado digital, ha tenido acceso a documentos que revelan que este colaborador del narco Miñanco recibió, de parte del ministerio del Interior, "una residencia de familiar comunitario" en septiembre de 2017. Este permiso tenía validez hasta septiembre de 2022 pero, según el medio, Puentes Saavedra no lo renovó porque presentó la solicitud fuera de plazo.
Incriminó a Boye y quedó en libertad
Puentes Saavedra quedó en libertad el 5 de agosto del 2019 con el informe favorable de la Fiscalía, justo unos días después de una declaración ante la policía española en que incriminó a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont.
Boye aportó a finales del pasado mes de septiembre a la Audiencia Nacional un audio para desmontar la acusación contra él de la Fiscalía, que afirma que participó activamente en el entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico. El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, aceptó el audio como prueba al juicio que se está celebrando y se prevé que se alargue hasta finales de enero del próximo año, en Madrid. El audio fue grabado por Boye cuando hablaba con el abogado Jesús Miguel Prieto, el cual le admitió que Manuel Puentes Saavedra, a quien defendía, recibió la visita de agentes de la policía española en la prisión, y poco después cambió su declaración para incriminar a Boye en este procedimiento. Pocos días después, Puentes Saavedra quedó en libertad, a pesar de estar acusado de un crimen en Colombia.
Cuando Boye presentó el audio a la Audiencia, ElNacional.cat tuvo acceso a toda la grabación hecha por Boye con su móvil, de manera improvisada, cuando se encontró en los pasillos de los juzgados con Prieto, el 4 de enero del 2023. El abogado le reconoce que Puentes Saavedra habría llegado a un acuerdo con la policía. Precisamente, el acusado incriminó a Boye en una declaración de 24 de julio del 2019, y quedó en libertad el 5 de agosto, con el informe favorable del ministerio fiscal. Cuando, en el juzgado, se preguntó a Puentes Saavedra si agentes de la policía española lo habían ido a ver en la prisión para que cambiara su versión a cambio de la libertad, se acogió a su derecho a no declarar.