El Ministerio del Interior finalmente no exigirá a las empresas del sector turístico que faciliten más datos de sus clientes de los que proporcionaban hasta ahora, tal como se preveía con la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros el próximo 2 de diciembre. Así lo han confirmado fuentes del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska este viernes, después de que se haya reunido la Secretaría de Estado de Seguridad junto con la representación patronal del sector turístico. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor del nuevo real decreto 933/2021, las empresas hoteleras y de alquiler de vehículos de motor tendrán que facilitar los datos que constan en los anexos I y II de la mencionada ley que ya recaudaban de forma habitual, como son los datos identificativos que aparecen en el DNI o pasaporte. No se exigirán, pues, datos como la dirección de residencia habitual, el número de teléfono o datos por el pago como el número y fecha de caducidad de la tarjeta o el IBAN de la cuenta bancaria.

Interior también se ha comprometido a reactivar la posibilidad de elaborar una orden ministerial para el desarrollo y ejecución del real decreto, si bien ha adelantado que sería "un proceso largo". La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha destacado en un comunicado que el encuentro con Interior ha concluido con "un compromiso unánime de mantener una colaboración estrecha entre los sectores implicados y las autoridades competentes, con el firme propósito de mantener España como un destino seguro, protegiendo tanto los intereses del sector turístico como la confianza de los visitantes y ciudadanos". Con respecto a la elaboración del orden ministerial, Cehat ha subrayado que es un elemento necesario para "asegurar la seguridad jurídica", una posición compartida con la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que ha pedido que se publique un documento con valor legal que asegure que no se pedirán más datos.

Por otra parte, CEAV ha reiterado su demanda de que Interior excluya las agencias de viajes de la aplicación de este decreto al considerar que eso infringe la normativa de protección de datos y que supone una carga desproporcionada para el sector. En caso de que esta exclusión no se produjera, la patronal de las agencias de viajes ha defendido "la necesaria adaptación de su contenido mediante una orden ministerial que limite los datos a aportar" y excluya explícitamente los sectores mice —referido a los viajes en relación con acontecimientos, charlas o congresos— y el corporativo, así como los grupos y la actividad receptiva en general, especialmente aquella relacionada con agencias y turoperadores extranjeros.