La catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y portavoz de International Trial Watch (ITW), Mercè Barceló, ha considerado que el Tribunal Constitucional (TC) tendría que anular la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017 "en aplicación exacta de la doctrina que hasta ahora ha mantenido" en materia de derechos fundamentales.
Lo ha afirmado este lunes en la Comisión de estudio sobre los Derechos Civiles y Políticos en el Parlament, donde ha presentado el informe de ITW sobre el juicio del 1-O. Barceló ha señalado que "el TC tiene una doctrina muy establecida" sobre la cuestión y que establece que "el ejercicio de un derecho fundamental nunca puede ser objeto de sanción".
"No hay infracción de ningún tipo"
"Si hay un ejercicio de derecho fundamental, no hay una infracción de ningún tipo", ha asegurado, y ha defendido que los actos por los cuales han sido juzgados y condenados varios exconsellers de la Generalitat; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, quedan amparados como derechos fundamentales de reunión, manifestación y expresión.
Además, respecto al caso de Forcadell, ha sostenido que actuó correctamente tramitando las iniciativas independentistas que llegaban a la Mesa del Parlament, ya que no hacerlo sí que habría podido motivar recursos al TC para entrar a valorar el fondo de los textos y no la forma, como corresponde a la Mesa.
La resolución del TEDH
Barceló, que ha comparecido únicamente delante de JxCat y ERC, también se ha referido a la resolución futura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la sentencia del 1-O, que puede tardar más de siete años.
Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo / ACN
Ha advertido que Estrasburgo, "cuando hay un indicio que se está condenando y aquella condena puede tener un efecto disuasivo, tumba aquella sentencia normalmente". "Y más en casos en que los personajes son públicos o amados por la población", como es el caso de Cuixart y Sànchez, ha añadido.
La jurista también ha lamentado que los tribunales españoles se han desatado y han perseguido derechos como la libertad de expresión y se ha preguntado cómo quedan estos derechos tras la condena por sedición a los líderes del procés independentista. "¿Ahora cómo ejerceremos el derecho de reunión? ¿Qué tenemos que hacer para no ser condenados por un delito de sedición?", ha planteado.