Noche y larga madrugada de intercambio de papeles en la negociación entre PSOE y Junts, pero sin conseguir todavía cerrar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. El lawfare continúa como clave en las conversaciones. La permanente del secretariado de Junts se encuentra en Bruselas para dar luz verde a la propuesta en caso de que haya acuerdo entre los negociadores. En la capital belga también está el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, responsable de las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont. A medida que pasan las horas, el nerviosismo se extiende en la cúpula socialista que contaba tener cerrada la investidura esta misma semana. Las presiones en las conversaciones y en las declaraciones públicas se intensifican.
La exigencia de Junts sigue siendo que las personas implicadas en el Procés que se ven perseguidas por la justicia en causas no directamente relacionadas con el 1-O o el 9-N no queden fuera de la amnistía. El responsable de la oficina de Puigdemont, Josep Alay, que aparece, entre otros, en el caso Volhov, está también investigado por malversación y prevaricación por un viaje a Nueva Caledonia para seguir el referéndum del 2018, es uno de los nombres que está encima de la mesa. Desde el primer momento, su defensa ha asegurado que el viaje estaba justificado y cumplía con todos los requisitos y ha atribuido a una "persecución por motivos políticos" su causa en la que la fiscalía pide tres años de prisión y 17 de inhabilitación.
'Lawfare'
Después de que las conversaciones quedaron embarrancadas el viernes, este domingo los socialistas han aceptado hablar del lawfare. No obstante, las propuestas que el PSOE ha planteado a Junts no satisfacen hasta ahora las exigencias de esta formación, que reclama que ninguno de los perseguidos por haber participado en el Procés quede fuera de la amnistía. "No dejaremos a ningún soldado en la estacada", prometió el secretario general de Junts, Jordi Turull, el viernes a los miembros de la ejecutiva del partido. La formación independentista, que ha reclamado constantemente garantías de todos y cada uno de los acuerdos con el PSOE, exige también que el texto sea lo bastante claro como para que ningún caso quede en manos de la decisión de los jueces.
No obstante, los socialistas, asediados por una intensísima presión política y mediática en Madrid, pero abocados a una negociación sin marcha atrás, señalan la necesidad de garantizar la constitucionalidad del texto y no esconden las dificultades que comporta abordar el lawfare. Precisamente, este lunes está prevista una reunión del plenario del Consejo General del Poder Judicial para hablar de la ley de amnistía, aunque todavía se desconoce el texto.
Junts en Bruselas
En Bruselas aterrizaron ayer Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y con el paso de las horas se han ido añadiendo casi la totalidad de miembros del secretariado de Junts. Por el contrario, de momento, la ejecutiva no ha celebrado su habitual reunión de los lunes. La cúpula del partido de Puigdemont vuelve a repetir, pues, la escena del jueves cuando se mantuvo reunida durante todo el día e incluso se habilitó una sala para una comparecencia de Puigdemont, pero al final el acuerdo quedó embarrancado. De nuevo, el partido se mantiene a la espera de un acuerdo, que tendría que activar los mecanismos para ser ratificado por las bases.
Aquel mismo jueves, el PSOE escenificó la firma del acuerdo con ERC, lo cual no hizo más que complicar el pacto con Junts. De nuevo es también el número tres del PSOE quien comanda las conversaciones con Junts.