Martes, 26 de abril. Es la nueva cita en la causa penal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusada de haber dado subvenciones directas a entidades sociales por sus "estrechos lazos personales y profesionales", según la querella presentada por la Associación para la Transparencia y Calidad Democrática. El titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, el magistrado Ignacio Sánchez, ha citado a declarar el próximo martes la interventora delegada del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Torres, como a testigo, para que aclare el funcionamiento en la aprobación de las ayudas. Esta es la segunda declaración, después de que Colau declarara como investigada, donde negó cualquier irregularidad, el 4 de marzo pasado.
Después de la declaración de Colau, la fiscalía consideró que la documentación de la querella aportada por la entidad contiene el 99,9% de la información que presentó Abogados Catalanes miedo la Constitución contra Colau a la misma fiscalía, y que archivaron el verano pasado en no ver indicios de delito, según fuentes judiciales. Con todo, la defensa, ejercida por los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà, no ha pedido el archivo de la causa, aunque insiste en el hecho de que no hay delito de prevaricación ni de malversación de fondos públicos. La defensa esperaba que el juez citara a declarar como testigos a la interventora y al secretario general del Ayuntamiento de Barcelona y entonces pedir que se cierre esta causa, a la que se aportaron ocho informes. El fiscal de Anticorrupción también tendrá que decir la suya.
Acusaciones
De las subvenciones cuestionadas, está la modalidad de la ayuda que se contabiliza en el presupuesto y es recurrente, como tiene el Observatorio DESC y Cáritas, entre otros. En este caso, el interventor del consistorio indicó que fueran nominativas, hecho que se ha corregido en el presupuesto del 2020, según explicó Colau al juez, que no le hizo ninguna pregunta directa. En el interrogatorio, Colau respondió al fiscal y a su defensa y rehusó las del abogado querellante, que pidió que declarara en castellano y la alcaldesa lo rechazó. Colau recordó que estas subvenciones y convenios bianuales se empezaron a dar en el año 2014, con el gobierno del convergente Xavier Trias, y que su gobierno lo renovó desde el 2016 a la actualidad.
Desde la defensa se aseguró que más que irregularidades, la querella cuestiona las entidades, hecho que marca su tendencia política. Las entidades citadas en la querella son: el Observatorio DESC (donde Colau trabajaba antes de obtener la alcaldía. En la querella se precisa que cinco miembros de su equipo municipal también lo fueron); Enginyers Sense Fronteres (ESF), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la cual la alcaldesa fue una de las fundadoras en el 2009 y portavoz hasta el 2014), y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). También cita Ladefe i Ecologistes en Acción. La alcaldesa defendió al juez el trabajo "único" que hacen estas entidades, y las defensas no quisieron politizar el interrogatorio.