La interventora del ayuntamiento de Sitges alertó durante cuatro años seguidos, del 2018 al 2021, que se estaban fraccionando contratos con las mismas empresas y entidades, incumpliendo la ley de contratos del servicio público, ya que se tendrían que haber hecho licitaciones con procedimientos y concursos abiertos. Una de estas entidades es la Asociación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf, a la cual se le pagó unos 328.559 euros en estos cuatro años por servicios de limpieza y jardinería, incluidos 45.000 euros anuales por un convenio, según un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Sitges al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Por esta contratación, la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC) fue detenida el miércoles a raíz de una investigación judicial, iniciada en mayo del 2022, en la cual se investiga si cometió los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación en los contratos y convenios con esta asociación y una cooperativa, que sumarían unos 600.000 euros entre los años 2017, en el 2022.
La titular del juzgado de instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú, que dirige la investigación, tenía que tomar declaración a la alcaldesa republicana este viernes, pero finalmente se ha suspendido, sin que haya nueva fecha. Hay un total de 13 personas investigadas: la alcaldesa, 8 concejales, como Jaume Monasterio (ERC), y exconcejales y 4 particulares, que son miembros de la misma familia. El exalcalde Miquel Forns (CiU) también es una de las personas investigadas.
La policía española es quien recibió los informes sobre posibles pagos duplicados a la Taula del Tercer Sector por los mismos servicios y el miércoles hizo registros en dependencias municipales y detuvo concejales y técnicos municipales, además de la alcaldesa. Los 11 detenidos se negaron a declarar en dependencias policiales, en la comisaría de la Verneda de Barcelona. Quedaron en libertad por la noche, al acabar las diligencias policiales, y recibieron la citación judicial para este viernes, pero la mayoría ha sido suspendidas.
Una familia implicada
En la investigación, la policía detalla que el responsable de la Associació Tercer Sector, Juan Carlos Nicolás, creó junto con su mujer Maria Mercedes Pradanas, y sus dos hijos, Blanca d'Apis y Adman de Catlo, la cooperativa Llocs, Espais y Llocs (Llei) 1918, el año 2019, con la cual ejercían de proveedores de servicios, a través de contratos menores de 15.000 euros, para el Ayuntamiento de Sitges, aunque habrían hecho servicios que se habían concedido a la asociación o se mezclaba el dinero que recibían y del que se habrían beneficiado. La policía afirma incluso que la familia habría usado para gastos personales parte del dinero público recibido. El empresario y su mujer son los únicos investigados que continúan detenidos y pasarán este viernes a disposición judicial.
Atestado en elaboración
La policía española sigue acabando el atestado que espera la jueza de instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú con relación a las razzias anticorrupción que agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) hicieron este miércoles en el Ayuntamiento de Sitges. Cuando el atestado esté acabado, los investigados serán citados ante la jueza para interrogarlos. El atestado que presentarán los investigadores especializados en delitos económicos y financieros de la policía incluye las investigaciones que se han hecho los últimos meses, desde 2022, y que se iniciaron a raíz de una denuncia anónima que recibió el juzgado de Vilanova i la Geltrú y que la magistrada encargó a la Policía Nacional y su brigada especial por este tipo de delitos.
Dinero sin control ni justificación
Nicolás, muy conocido en Sitges y en la comarca del Garraf, lidera la asociación y la cooperativa, presuntamente destinada a objetivos sociales y de reinserción, junto con su mujer y los dos hijos. Entre otras cosas, durante el tiempo que el Ayuntamiento de Sitges ha otorgado ayudas y contratos, algunos, según las investigaciones de la policía, por los mismos servicios, que cobraban por duplicado, con convenios y con adjudicaciones contractuales, para ayudar personas vulnerables de la villa, limpiezas de playas u otros servicios municipales. Cuando la Policía Nacional entró en las oficinas municipales y en el Ayuntamiento de Sitges, también entraron en cuatro pisos donde viven las personas que han liderado esta entidad y la cooperativa paralela.
Entre los detenidos e investigados, además de la alcaldesa actual y los responsables de la entidad, también hay concejales, exconcejales y técnicos municipales. La Policía Nacional tiene documentación sobre varios acuerdos anuales y contratos menores que podrían llegar a un volumen total de dinero no controlado de 600.000 euros. Todo eso, ahora, se tendrá que probar.
Entre la documentación intervenida, los investigadores de la UDEF también buscan si los responsables del consistorio recibieron pagos en metálico o en especies para evitar controlar el dinero que recibía esta entidad y no pedir explicaciones sobre los acuerdos y servicios que, presuntamente, ofrecía la entidad al consistorio.
El Ayuntamiento de Sitges dice que ya lo investigó
Desde el Ayuntamiento de Sitges se insiste en que las subvenciones y contratos firmados con la entidad bajo sospecha "ya habían sido analizados internamente" cuando detectaron posibles irregularidades externas. El gobierno municipal paralizó las subvenciones y ordenó revisar los expedientes e incluso inició el procedimiento administrativo con el fin de intentar resarcir el dinero de las "ayudas que no estaban plenamente justificados".
El mismo consistorio asegura que los informes jurídicos internos, al mismo tiempo, descartan responsabilidades administrativas y penales por parte de los técnicos y concejales municipales en la mala gestión por parte de la entidad del dinero otorgado por el Ayuntamiento de Sitges. El equipo de Aurora Carbonell, en un comunicado, asegura que se pone a disposición de la justicia para explicar todo el procedimiento. Desde Esquerra, el partido de la alcaldesa Carbonell, también se ha cerrado filas con la concejala y se ha asegurado que el partido tiene "pleno compromiso" con la gestión correcto de los recursos públicos y contra la corrupción.
Operativo desproporcionado
Todos los partidos que forman parte del gobierno de Sitges, y también Junts, que quedó apartado por el pacto que hizo Carbonell con Sitges Grup Independent i Verds – en Común Podem y Guanyem Sitges, han pedido respetar la "presunción de inocencia", pero han pedido que desde el ayuntamiento se colabore con la justicia para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría de partidos han coincidido en calificar que el operativo policial, con agentes entrando en las dependencias municipales, "fue del todo desproporcionada". La alcaldesa Carbonell fue extraída del edificio central del Ayuntamiento de Sitges esposada, introducida en un vehículo logotipado de la Policía y escoltada hasta Barcelona por una furgoneta de la Unidad de Intervención Policial (UIP).