El 15 de junio de 2011, decenas de personas se concentraron delante del Parc de la Ciutadella para intentar impedir la aprobación de los primeros presupuestos de Artur Mas, marcados por los recortes. El movimiento se bautizó con el nombre de Aturem el Parlament. El caso acabó en los tribunales, donde una veintena de manifestantes se vieron inmersos en un periplo judicial. El primer juez que tuvo la causa encima de la mesa fue Eloy Velasco Núñez, que vio indicios de delito en su actuación por la “intimidación ambiental” a la que habían sometido a los diputados. Y el magistrado ahora aspira a presidir la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado los nombres de las ocho candidaturas a relevar a José Ramón Navarro, entre las que figuran viejos conocidos de la persecución judicial contra el independentismo y jueces históricamente vinculados al PP.
Uno de los nombres que destaca es el de Eloy Velasco. En abril de 2013, en un auto, apreció indicios de delito contra las instituciones del Estado, castigado con entre tres y cinco años de prisión, en el asedio al Parlament en 2011, que obligó a retrasar quince minutos el inicio del pleno de la cámara catalana. El argumento del juez era el siguiente: “Escupir, insultar, sustraer documentos, lanzar líquidos, sujetar, frenar trayectorias, impedir el paso, golpear vehículos, pintar una cruz en una gabardina, empujar, coger un brazo, increpar, perseguir, bloquear o acometer, cuando se hace prevaleciéndose de la intimidación ambiental, aprovechando la cobardía de la acción del grupo y no aisladamente, se convierte en grave y, por lo tanto, en delictivo”.
Sin embargo, en julio de 2014, la Audiencia Nacional absolvió a los diecinueve acusados (y condenó a uno de ellos a cuatro días de localización por una falta de daños). Por cierto, Fernando Grande-Marlaska (el actual ministro del Interior, que en aquel momento ejercía de juez) apostaba por condenar a diez de los acusados. El Parlament, la Generalitat y la Fiscalía presentaron un recurso y en marzo de 2015, el Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como presidente de la sala, anuló la sentencia absolutoria y condenó a ocho de los acusados a tres años de prisión: daba por bueno el relato que había hecho Eloy Velasco. Finalmente, seis años más tarde, en junio de 2021, el Tribunal Constitucional confirmó las condenas, aunque tres magistrados consideraron que las penas eran desproporcionadas. En su voto particular, Juan Antonio Xiol y Maria Luisa Balaguer sostuvieron que las penas de prisión eran “innecesarias, desproporcionadas y descorazonadoras para el ejercicio del derecho de reunión”. El juez que estuvo en el origen de todo ello, Eloy Velasco, quiere ahora estar al frente de la Audiencia Nacional.
Por cierto, es el mismo magistrado que hace unos días arremetió contra Irene Montero por dar lecciones sobre consentimiento “desde su cajero de Mercadona”. El juez criticó que Podemos diera lecciones a los juristas sobre el consentimiento, que está en el centro de la Ley del solo sí es sí: “Nos intentaron explicar qué es consentir. A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento, y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”, afirmó.
María Tardón, la jueza que envió a Gonzalo Boye a juicio
Quien también aspira a presidir la Audiencia Nacional es María Tardón, una vieja conocida de Gonzalo Boye. Es la jueza que envió al abogado de Carles Puigdemont a juicio por haber ayudado presuntamente a Sito Miñanco a blanquear 890.000 euros del narcotráfico. El juicio empezó el pasado 18 de noviembre y acabará a finales de enero. La defensa de Boye argumenta que las acusaciones son “infundadas”, esgrime que su única participación fue de “asesoramiento legal, sin involucrarse en actividades ilícitas” y denuncia que el fiscal del caso, Ignacio de Lucas, “ha liderado una campaña judicial sin fundamentos, usando testigos coaccionados y pruebas débiles para sostener las acusaciones”.
Por otra parte, María Tardón tiene un pasado en el mundo de la política vinculado al PP. En 1999 fue en las listas populares en el Ayuntamiento de Madrid como independiente: fue escogida y pasó a ser tercera teniente de alcaldía y responsables de las áreas de Policía Municipal, Protección Civil y Atención Social con el alcalde José María Álvarez del Manzano. Más tarde, entre 2003 y 2005, fue consejera general de la asamblea de Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa, que fue condenado por el caso de las tarjetas black a seis años de prisión y se acabó suicidando.
Enrique López, un exconsejero de Justicia de Ayuso que dimitió del TC después de ser sorprendido conduciendo borracho
El tercer candidato es Enrique López López. Actualmente, es magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, pero antiguamente formó parte del gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso y fue vocal del Tribunal Constitucional, un cargo que dejó abruptamente. Entre agosto de 2019 y junio de 2023, fue consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid (los dos primeros años también lo fue de Víctimas y los dos últimos, de la Presidencia). Además, entre enero de 2020 y mayo de 2022 fue secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP bajo el liderazgo de Pablo Casado. Además, en septiembre de 2021, La Razón publicó una entrevista en la que destacaba que el PP “tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. Se refería a la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ: “La inmensa mayoría de la carrera judicial nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo”. En febrero de 2023 dejó la militancia del PP.
Antes, había sido magistrado del Tribunal Constitucional. Fue elegido en junio de 2013 por la mayoría absoluta del PP en el Senado, pero en verano de 2014 dimitió después de ser pillado conduciendo una moto sin coche y bajo los efectos del alcohol. Más tarde, de vuelta a la Audiencia Nacional, fue nombrado para juzgar el caso Gürtel, pero acabó apartado (al lado de Concepción Espejel) porque había conseguido cargos previamente gracias al apoyo del PP. Por ejemplo, cuatro de los acusados votaron a favor de su elección como miembro del TC. Además, Enrique López tendrá que declarar como testigo al juicio del caso Kitchen.
Juan Pablo González, miembro del tribunal que condenó a Valtonyc y apartado de la Gürtel
Quien también fue apartado del juicio del caso Gürtel fue Juan Pablo González, que hoy en día es el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Justamente, sustituyó a Enrique López, pero también fue recusado por su vínculo con el PP: los populares fueron claves en algunos de sus ascensos y había participado en diferentes cursos de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar. De 2012 a 2015, fue magistrado de enlace en París nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Antes de todo eso, entre 2001 y 2008, fue vocal del CGPJ propuesto por el PP en el Senado, donde tenía mayoría absoluta. Además, formó parte del tribunal (al lado de Concepción Espejel y Enrique López) que en febrero de 2017 condenó Valtonyc a tres años y seis meses de prisión por injurias al rey.
Francisco Manuel Oliver, ex alto cargo de Esperanza Aguirre y partidario de condenar una pintada en la tumba de Franco
El último nombre relacionado con el PP que también quiere presidir la Audiencia Nacional es Francisco Manuel Oliver, que actualmente es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. En enero de 2022 se opuso a la absolución de Enrique Tenreiro, el artista que en octubre de 2018 pintó una paloma y el mensaje “por la libertad” en la lápida de Francisco Franco en el Valle de los Caídos y que estaba acusado de los delitos de profanación y contra la libertad de conciencia. El artista fue absuelto, pero Francisco Manuel Oliver emitió un voto particular contrario a esta decisión justificando que su acto atentaba “no solo contra el respeto al difunto sino contra los sentimientos religiosos” y que la libertad de expresión "no puede amparar" actos como ese. “Las ideas no se expresan así, lo que consiguió es recortar, precisamente, la reconciliación”, remachó.
Previamente, según reveló elDiario.es, Francisco Manuel Oliver fue alto cargo de la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Primero fue secretario general del Tribunal de Defensa de la Competencia y director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Posteriormente, en 2013 fue nombrado director general de Seguridad.
Tres jueces más optan a presidir a la Audiencia Nacional
Finalmente, hay tres candidatos más que también participarán en el proceso para presidir la Audiencia Nacional y que tienen una trayectoria mediática y pública mucho menor. Son Manuel María Estrella Ruiz (actual presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz), Juan Manuel Fernández Martínez (magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Navarra) y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez (magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional).