JxCat y ERC se observan fijamente en el último tramo de una investidura que está resultando tremendamente compleja, atenazada tanto por el calendario que impone el reglamento de la Cámara como por los plazos judiciales de los próximos días. En el trasfondo, la confesión de los dos grupos que aseguran que no quieren ir a elecciones, pero al mismo tiempo una tensión y desconfianza creciente que empieza a pasar factura.

Este sábado el president, Carles Puigdemont, puso una fecha sobre la mesa, el 14 de mayo, el lunes de la próxima semana. Aquel día tiene que haber, según su propuesta un debate de investidura, aunque sea la del llamado plan D, el cuarto candidato que tiene que abrir la puerta a un gobierno provisional. Con todo, JxCat ha asegurado que intentará de nuevo investir a Puidemont a partir de la reforma de la ley de Presidència.

Los dos grupos son conscientes que la reforma de esta ley que tendría que permitir la investidura a distancia, será recurrida y suspendida tan pronto como aparezca publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) con la rúbrica del presidente español, Mariano Rajoy, máximo responsable del gobierno catalán en virtud del 155. Precisamente, esta tarde, la Mesa del Parlament ha dado el visto bueno a la traducción al castellano y el texto ha salido en dirección a Madrid. Una vez publicada, el consejo de ministros recibirá la llamada para reunirse de manera extraordinaria para recurrir el texto.

La suspensión de esta vía está, por tanto, cantada. No obstante, JxCat no ha renunciado al último gesto para denunciar la imposibilidad de investir a Puigdemont. De rebote, el anuncio de este último intento presiona de nuevo a ERC y al presidente del Parlament, Roger Torrent, a quien correspondería convocar el pleno de investidura, el mismo que aplazó en el último momento el pasado 30 de enero.

El mensaje de fondo no ha pasado desapercibido para Esquerra que, según algunas fuentes, hizo evidente este lunes, durante la reunión de su permanente nacional, el malestar por lo que consideran gesticulación del grupo de Puigdemont para presionarlos.

La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha emplazado en la rueda de prensa posterior a convocar una reunión conjunta de los dos grupos para abordar el camino a seguir para una salida consensuada. No obstante, cuando se le ha preguntado si ERC se plantearía proponer a su propio candidato si no hay una propuesta viable de JxCat, ha evitado descartar esta posibilidad.

Los republicanos habían sido informados telefónicamente de la voluntad de JxCat de volver a proponer a Puigdemont poco antes que se hiciera público el sábado. La responsable del grupo, Elsa Artadi, estaba este lunes en Madrid, donde voló directamente el domingo desde Berlín, para ir a la prisión d'Estremera. Finalmente, este lunes por la mañana, los negociadores de JxCat i ERC han celebrado la reunión reclamada por Vilalta.

No obstante, la electricidad entre los dos grupos ha ido restallando públicamente las últimas horas, por ejemplo, con el tuit del diputado republicano Joan Tardà, donde advertia que si todo lleva a nuevas elecciones "a algunos les tendrá que caer la cara de vergüenza".

Los movimientos son ya casi contrarreloj. La previsión es que tan pronto como el gobierno español recurra la ley de Presidencia, y por lo tanto haga imposible investir a Puigdemont -ni ninguno de los candidatos encarcelados, Jordi Sànchez i Jordi Turull- se plantee el plan D. El president será el encargado de anunciar desde Berlín el nombre del diputado que se someterá a la investidura. 

El sábado en Berlín Puigdemont no señaló a ninguno de los 30 diputados que podrían optar -una vez descontados los tres encarcelados-, pero todo el mundo es consciente de que quien salga investido tendrá que asumir este papel en representación suya y como responsable de un Gobierno provisional hasta que se pueda restituir al político gerundense.

Los trámites para la investidura se deberían desencadenar a lo largo de esta semana. El calendario que señaló al president obligaría a convocar el pleno el viernes para celebrarlo el lunes, 14 de mayo, y conseguir la investidura, en segunda vuelta, el miércoles. Aquel mismo miércoles, esta prevista en Bruselas la vista sobre la euroorden de los consellers que se encuentran en Bélgica. En caso de que la justicia belga desestime la extradición y retire las medidas cautelares, el conseller Toni Comín, de nuevo con el pasaporte en la mano, no podría argumentar la imposibilidad de estar presente en el Parlamento para delegar el voto. También Puigdemont está pendiente de la resolución del juez.

La carrera es brutal y los equilibrios constantes, porque los factores que pueden influir en el resultado son muchos. "Cada día que pasa es un día más que estamos en riesgo", advertia esta mañana ERC.