El contexto del discurso de investidura de Pedro Sánchez no era nada fácil. En las últimas horas se ha complicado, después de que la Junta Electoral haya decidido inhabilitar a Quim Torra como presidente y a Oriol Junqueras como eurodiputado. Consciente de todo ello, en el inicio del debate en el Congreso de los Diputados, el candidato socialista ha querido retener la abstención de ERC a través de una mesa de negociación entre gobiernos. Al independentismo le ha prometido, en primer lugar, "devolver el conflicto político a la política y, en segundo lugar, "dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española". Tocaba "recomenzar". Un Sánchez que recordaba más al de la moción de censura ha advertido que "con la ley no basta". Eso sí, también ha querido dejar claro que "ni España ni la Constitución se van a romper".

Después de la decisión unilateral de la JEC este viernes, que el PSOE cuestionó de manera contundente, gran parte de las miradas estaban puestas en el discurso de Sánchez. Y el candidato a la investidura no se ha referido a elo directamente, pero sí que se ha comprometido a "dejar atrás la judicialización de la política". Si bien ha dicho que han "heredado" la crisis catalana, ha dicho que la asumirá "con lealtad constitucional y responsabilidad institucional para devolver a la política un conflicto político y dejar atrás la deriva judicial". Ha admitido que llevamos "demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos mayor prosperidad y progreso". Eso sí, también ha querido dejar claro que "ni España ni la Constitución se romperán".

Sin embargo, Sánchez ha arrancado su discurso de casi dos horas justificándose ante la derecha, dejando claro que "no se va a romper España ni la Constitución" con sus alianzas, sino que "lo que se va a romper es el bloqueo". Han sido las primeras frases. También ha querido dejar constancia, subrayando esto, que "el PSOE es un partido español, formado por compatriotas". Después ya ha pasado a ofrecer diálogo.

El dirigente socialista ha admitido que hay "sentimientos innegables", como el de "agravio" de una "parte importante" de la sociedad catalana por la actuación del Estado, así como los que no se sienten representados por las instituciones catalanas. Lo ha atribuido al "abandono de la vía política para resolver un problema de naturaleza política". Ha prometido, a través del diálogo, "corregir los desgastes del sistema autonómico".

"Es nuestra obligación y deber", ha defendido Sánchez, que ha recordado que "el diálogo tiene que partir del reconocimiento del otro". En esta línea, ha insistido en que "el diálogo es el camino", y que por eso el gobierno de coalición con Unidas Podemos "abrirá un diálogo amparado por la seguridad que otorga nuestro marco jurídico". Es "la única via posible". Su Gobierno, ha resumido, gobernará "con mirada progresista para alcanzar acuerdos amplios y reducir la tensión territorial mediante la política y el diálogo para superar el contencioso político catalán". Esto se hará de forma bilateral, entre gobiernos. El "anuncio" de la mesa de negociación ha sido aplaudido por los diputados de ERC. En paralelo habrá la conferencia anual de presidentes autonómicos.

"Es evidente que los sentimientos no pueden imponerse por la fuerza", ha constatado el candidato socialista a la investidura, que ha subrayado que "la solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre otra, sino de un cambio de ambas percepciones".

El debate de investidura ha empezado con un nuevo espectáculo de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha pedido a la presidenta del Congreso que se diera lectura del acuerdo entre el PSOE y ERC. Meritxell Batet le ha denegado la petición, argumentando que ya es conocido por todo el mundo y que no corresponde.

Hace suyo el lenguaje de Podemos

Además de gestos hacia el independentismo, el candidato socialista también ha tenido gestos hacia la formación de Pablo Iglesias, con quien ha firmado el acuerdo de gobierno de coalición. En primer lugar, gestos retóricos, como cuando ha hecho suyo el concepto de "patriotismo" de Podemos en referencia a la defensa de los servicios públicos. También con respecto a las medidas, de un importante contenido social. Entre otras medidas, se ha comprometido a derogar la reforma laboral del PP, prohibir por ley las amnistías fiscales, aprobar la ley de eutanasia o acabar con la ley mordaza. La libertad, ha defendido, es "incompatible" con esta ley, con "clausurar medios" o con "ilegalizar organizaciones que no piensan como uno", ha advertido a la derecha. También ha prometido la "primera ley trans" para garantizar sus derechos. Algunas de estas medidas han sido recibidas con aplausos también de la bancada de Unidas Podemos.

Sánchez también ha reivindicado el movimiento feminista, asegurando que es "un movimiento político y social irreversible e imparable". En este contexto, ante los retrocesos de la derecha, ha prometido reformar el Código Penal "para que sólo el sí sea sí" con respecto al consentimiento sexual. Con respecto a la inmigración, ha defendido que, en "tiempos dolorosos donde se cuestionan los derechos humanos", el ejecutivo que nazca luchará contra "la intolerancia y el fanatismo". Lo hará "con una noción de libertad inspirada en el humanismo y que no se detiene en nuestras fronteras".

Día de las víctimas del franquismo

En el ámbito de la memoria histórica, el dirigente socialista ha adelantado que harán del 31 de octubre el día de recuerdo de las víctimas del franquismo y del 8 de mayo el día de reconocimiento de las víctimas del exilio. También se ha comprometido a exhumar a las víctimas del franquismos de las fosas comunes, retirar la simbología franquista del espacio público y anular las condecoraciones para acciones represivas durante la dictadura. Finalmente, también ha garantizado "auditar los bienes expoliados" por el dictador, empezando por la "recuperación" del Pazo de Meirás.