Ofensiva del Parlament. Después de que hace dos semanas se revelara el CatalanGate, el masivo caso de ciberespionaje que ha afectado a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista, aún no se ha aclarado nada. De hecho, hoy mismo el Congreso de los Diputados ha torpedeado el intento de abrir una comisión de investigación a la cámara española para estudiar los hechos, aunque ayer se informara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados con el mismo software. Ante la negativa de Madrid, los partidos catalanes no se han quedado de brazos juntos: Esquerra Republicana, Junts, la CUP y los Comuns han anunciado hoy que iniciarán una comisión de investigación al Parlament de Catalunya con el fin de aclarar el CatalanGate.

 

La propuesta de resolución ha sido registrada de manera conjunta, y se centra en el espionaje que ha sufrido el movimiento independentista, amparándose en el reglamento del Parlament. Las cuatro formaciones han compartido un comunicado en que explican y justifican la decisión. "Ya que el Congreso, con los votos del PP y del PSOE, Vox y Cs, ha vetado la comisión de investigación sobre espionaje, los cuatro grupos parlamentarios consideran que el Parlament de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, en que atentan directamente contra derechos fundamentales. Por eso, defienden la obligación de proteger a los representantes políticos y a los ciudadanos, a los cuales, de manera indirecta, también se les ha espiado y, por lo tanto, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, entre otros derechos," dice el texto.

 

La comisión de investigación tendrá como objetivo conocer los detalles de estas intromisiones por parte del Estado a través del CNI u otros organismos públicos. Además, buscará aclarar los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del Gobierno del Estado Español que hayan participado, de forma directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados y aclarar el alcance temporal. Y no sólo eso, sino que intentará determinar los mandos que han tomado las decisiones y su motivación. Con el fin de aclarar el caso, la comisión también tiene la intención de desvelar los procesos de contratación o si ha existido tutela judicial, así como conocer las tareas de investigación u otras acciones que impulsa el Parlamento Europeo.

Un año de duración con comparecencias de relieve

Con respecto a las formalidades, este órgano podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigir, por el caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, algo que los independentistas y los Comuns ya han reclamado en numerosas ocasiones estas dos semanas. La comisión tendrá un año de vigencia, redactará un informe final y elaborará un dictamen que será oportunamente debatido por el Pleno del Parlament. Además, estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y se prevé la posibilidad de que asistan técnicos, responsables políticos, funcionarios públicos y altos cargos de la Administración General del Estado, especialistas, miembros de entidades y otras personas representantes que se pueda considerar de interés y que puedan aportar información relevante para la investigación.

Reclamo con recorrido y rechazo del PSOE

Hasta diez formaciones políticas, desde Unidas Podemos hasta independentistas, nacionalistas y soberanistas, registraron bien pronto, el 20 de abril, una petición de comisión de investigación en la cámara baja para que se investigue lo CatalanGate. La petición de comisión estuvo firmada por los portavoces de Unidas Podamos y los Comuns, ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, el PNB, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromís. Y reclaman que se investigue "el espionaje e intromisión a la privacidad a través del malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, instituciones y sus familiares".

Pero no llegará, porque nuevamente se ha impuesto la pinza del PSOE, el PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox en el Congreso de los Diputados. Este martes, la Junta de Portavoces ha vetado esta comisión de investigación del espionaje a unos sesenta catalanes. Solo se ha conseguido, por decisión mayoritaria de los portavoces, que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el pleno para dar explicaciones del caso Pegasus, a petición de los mismos grupos. La fecha aún está por determinar.