Aunque la Fiscalía se prepara para archivar su investigación, la causa judicial en Suiza sobre los 65 millones de euros de Juan Carlos I continúa con nuevas indagaciones. Ya hace tres años que el fiscal suizo Yves Bertossa ordenó el registro de las oficinas de Rhône Gestion, un edificio en el centro de Ginebra donde se escondían los documentos de la cuenta secreta del rey emérito.

Ahora, según informa El País, la causa judicial que provocó el hallazgo continúa viva. Las diligencias judiciales, que no han cesado durante estos 36 meses, han continuado en las últimas semanas con nuevas indagaciones. Juan Carlos I, sin embargo, no ha sido imputado ni llamado a declarar.

Un "regalo" de 65 millones

El fiscal Bertossa ha imputado por un supuesto blanqueo agravado de capitales a todos los actores del caso menos al Gobierno saudí. Fue este quien el 8 de agosto de 2008 transfirió 65 millones a la cuenta de la Fundación Lucum, y el entonces jefe del estado español los recibió. "Después de tres años de indagaciones y sin haber obtenido nuevas pruebas, no tiene sentido que ahora sea llamado a declarar", asegura una persona próxima a la investigación a El País.

Uno de los hechos que evidencia la prudencia del fiscal suizo, basada en la falta de pruebas más sólidas, se evidencia en el hecho de que todavía no ha enviado una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que le expliquen los motivos de la transferencia de estos 65 millones al emérito desde su ministerio de Finanzas. En la explicación del formulario de ingreso, tan solo aparece una explicación: se trataba de un pure gift (puro regalo) del rey Abdalá bin Abdelaziz a su "hermano" Juan Carlos I.

Con las diligencias todavía abiertas, Bertossa sospecha que los 65 millones podrían ser el pago de una comisión por la rebaja del 30% que las empresas españolas hicieron en su licitación final para adjudicarse las obras del AVE en la Meca. La defensa de los investigadores es prácticamente la misma: el dinero se recibió tres años antes de que se ofertara la obra y las comisiones, generalmente, las pagan los adjudicatarios, no los países donde estas se llevan a cabo.

Decreto por el archivo

Ayer miércoles se supo que la fiscal general del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, se prepara para dictar un decreto ordenando el archivo de las diligencias indagatorias perjudiciales que se abrieron en junio de 2020 por la investigación de los comportamientos irregulares del rey emérito. Este archivo no tiene las mismas consecuencias que el sobreseimiento de la causa. Así, esta se podría volver a abrir, pero mientras tanto permitiría el retorno temporal del emérito, huido desde agosto de 2020 en Abu Dabi, al Estado.

Tal como ha concluido el equipo de fiscales sobre los cuales ha recaído la causa, Juan Carlos I no es imputable a causa de su inviolabilidad mientras era jefe de estado. Además, algunos de los hechos investigados ya han prescrito.

Retorno de Juan Carlos

Según informa hoy jueves a El País, el entorno del ex jefe de estado esperaba desde hace meses este archivo y no se han mostrado sorprendidos por la decisión de la Fiscalía. De esta manera, el emérito tiene muchas ganas de poder volver a España y, si no lo hace, justifican sus amigos, es para evitar perjudicar a la corona y a su hijo Felipe, con quien hace tiempo que las relaciones están rotas. Con todo, su retorno no sería inmediato ni definitivo, sino que será una visita que demuestre que puede entrar y salir del país sin problemas.

En la imagen principal, Juan Carlos I antes de su huida a Abu Dabi / Europa Press