El director general de los Agents Rurals, Marc Costa, ha sido citado como investigado por un juez de Vic por un presunto delito de desobediencia durante la celebración del referéndum del 1-O en Sant Julià de Vilatorta, según ha anunciado en las redes sociales.

Costa fue incluido inicialmente en la causa por sedición y organización criminal instruida contra el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior, Cèsar Puig.

Finalmente, en su auto de procesamiento de abril del 2018, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dedujo testimonio en el decanato de Barcelona de un oficio que realizó la Guardia Civil sobre su persona. "Más concretamente, de mi ideología, actividad y amistades políticas", explica Marc Costa.

El oficio de la Guardia Civil contenía también un acta complementaria levantada por uno de los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que estaban de servicio en Sant Julià de Vilatorta el 1 de octubre que lo identificaba, "ya que me presenté y le ofrecí cualquier colaboración en lo que necesitara", afirma Costa.

Diligencias previas

A raíz de esta acta del mosso en cuestión y del informe de la Guardia Civil, se han incoado desde un juzgado de Instrucción de Vic unas diligencias penales previas para determinar si finalmente su actuación fue constitutiva de un delito de desobediencia.

Marc Costa ha asegurado: "Como tantos otros catalanes y catalanas, efectivamente estuve en mi colegio electoral el día 1 de octubre con el fin de poder votar y decidir entre todos de una manera democrática y pacífica nuestro futuro político". A su parecer, "todo eso es otra clara muestra de la regresión de nuestros derechos más fundamentales y la persecución de una ideología democrática y pacífica, degradando así la democracia y el estado de derecho en el que tendríamos todos que poder vivir, pero que no servirá para renunciar a nuestro sueño".