"El tuit era de befa y mofa contra los políticos del PP y de VOX que dicen barbaridades contra la escuela catalana. En ningún caso incitaba contra la familia de Canet de Mar." Jordi, investigado por haber tuiteado el diciembre pasado que se podían hacer canelones con niños castellanoparlantes, ha argumentado así sus escritos en Twitter este lunes delante del juez que lo investiga por incitar al odio a la familia de Canet de Mar, que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara que en la clase de su hija se hiciera el 25% de castellano. Jordi ha podido declarar en catalán con un traductor, ya que su abogado, Francesc González, lo ha solicitado después de que el titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona dijera a los dos primeros investigados, el jueves pasado, que no entendía el catalán y los forzó a declarar en castellano.
Por sorpresa, ningún representante de la Fiscalía de Barcelona se ha presentado a la declaración, como el 1 de septiembre. La portavoz de la Fiscalía de Barcelona ha informado que los dos fiscales especializados en delitos de Odio están de vacaciones. Los abogados de las acusaciones de VOX y de las otras entidades españolistas tampoco se han presentado al juzgado.
Querella de la Fiscalía
La Fiscalía de Barcelona ha sido quien ha impulsado la querella contra cuatro ciudadanos catalanes por haber "humillado" a la familia de Canet de Mar y a los opositores de la inmersión lingüística. El diciembre pasado investigó a más de unos cincuenta ciudadanos por los tuits hacia la polémica de la inmersión lingüística en Catalunya. Sus defensas sostienen que los tuits se amparan en la libertad de expresión y no han cometido ningún hecho delictivo. Los cuatro investigados no se conocen entre ellos, ni son de Canet de Mar, ni comparten ningún grupo. Jordi ha afirmado que "respeta" a las personas que dicen que están en contra de la inmersión lingüística, pero lo que quería evidenciar con el tuit "son las barbaridades que se dicen contra la escuela catalana, como dijo Pablo Casado del PP, que a los niños los ponen piedras en la mochila", ha explicado a los periodistas, al salir de la declaración ante el magistrado Sergio Escalona. El cuarto investigado citado este lunes, y defendido por el abogado Josep Rosell, se ha acogido a su derecho de no declarar.
Críticos con el informe de los Mossos
En la querella, la fiscalía sostiene que Jordi, vecino de Barcelona, se mofa de la menor de Canet de Mar y la "cosifica", diciendo que se pueden hacer canelones. "Los canelones los haremos de carne de niño castellanohablante como se ha hecho toda la vida", tuiteó el 9 de diciembre de 2021, y hace algunos más sobre el tema. Jordi ha insistido que publico este escrito en Twitter contra lo que decían los políticos y en el contexto de las fechas navideñas, donde en Catalunya es tradición hacer y comer canelones por Sant Esteve, y no por el conflicto de Canet de Mar. El investigado ha declarado que a raíz de este tuit recibió amenazas del diputado Albert Terradas de Vox, diciéndole "escombro y solo aprendéis a golpe de porras". También fue asediado en las redes sociales, y al ser señalados por el partido ultra, fue investigado, según su opinión. Así lo ha denunciado hoy en el juzgado y su defensa aportará los tuits amenazadores que recibió.
Su abogado también lamenta que desde los Mossos de Esquadra, a petición de la fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, se hizo un informe sesgado, donde solo se recogían tuits suyos anteriores y posteriores al caso de la familia de Canet de Mar, sin contextualizar, ni recoger los insultos y amenazas que recibió Jordi. "Los Mossos vinieron a buscarme a casa!", recuerda Jordi y la conmoción vivida él y su familia.
El próximo 12 de septiembre está citada la familia de Canet de Mar al juzgado, la cual tendrá que expresar si se sienten perjudicada por los insultos recibidos en las redes. Después, las defensas esperan pedir el archivo de esta querella por falta de hechos delictivos. Precisamente, hoy ha empezado el curso escolar 2022-23, con la sentencia del 25% de castellano, que el TSJC impuso a todos los centros, suspendida, ya que se ha visto superada con la nueva normativa del Govern.