Nada ilegal, sospechas. El intendente de los Mossos Antoni Rodríguez, que fue el instructor de la investigación al exconseller de Interior, Miquel Buch, y al agente Lluís Escolà, ha admitido, este miércoles, a la Audiencia de Barcelona que la contratación de Escolà como asesor de Buch fue legal y que no encontraron ningún acuerdo entre Buch y el president Carles Puigdemont para que Escolà, contratado por el Departament de Interior, le hiciera de escolta policial en el exilio, en Waterloo. La investigación policial se ha centrado en los tuits de Escolà sobre sus viajes junto a Puigdemont, la comprobación de vuelos, y 14 informes que entregó como cargo de confianza de Buch, de junio del 2018 a marzo del 2019, los cuales ha desacreditado. Escolà obtuvo la incapacidad permanente total para trabajar de agente de los Mossos el marzo del 2021, por problemas graves en la columna.
En la primera sesión del juicio, el investigador Antonio Rodríguez —a preguntas del teniente fiscal, Pedro Ariche—, se ha recreado en explicar que Escolà era jefe de los escoltas del presidente hasta 2017, que tenía afinidad política con él, que era independentista, y que "lo ayudó a huir" de Catalunya, hecho por el cual se le abrió un expediente disciplinario, y al final se le apartó de la unidad de escoltas. La tesis de la Fiscalía es que Buch contrató Escolà, a finales de junio del 2018, como asesor cuando en realidad hacía de escolta de Puigdemont.
Con todo, en la vista, el presidente del tribunal ha insistido varias veces que el objeto de juicio es si la contratación de Escolà fue fraudulenta, no sus actuaciones anteriores con Puigdemont.
A preguntas de la abogada de Buch, Judit Gené, y la de Escolà, Isabel Elbal, el instructor de los Mossos ha negado que hubiera encontrado un tuit de Buch, un documento o una grabación que corrobore la tesis de la Fiscalía. Las defensas han insistido en desmontar las opiniones de Rodríguez. Incluso, el presidente del tribunal de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona, José Carlos Iglesias, ha afirmado: "Este tribunal no basará su sentencia en valoraciones de testigos policiales."
Petición de 6 años de prisión para Buch
La tesis acusatoria de la Fiscalía es que el conseller Buch, concertado con Puigdemont, encubrió la contratación de Escolà para que hiciera de escolta del presidente Puigdemont, y sostiene que de los 224 días que estuvo de asesor, unos 103 fue fuera del Estado español, muchas veces —indica— al lado de Carles Puigdemont. Por eso, la Fiscalía pide para Buch 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación como autor de un delito de malversación de fondos, y 12 años más de inhabilitación por el delito de prevaricación, penas que rebaja a Escolà al considerarlo "cooperador" de Buch: 4 años y 6 meses de prisión y 13 de inhabilitación por malversación de fondos, más, 10 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.
Las defensas de Buch y Escolà niegan que hayan cometido ningún delito y piden su absolución. Judit Gené ha insistido en preguntar al instructor, y exjefe de investigación de los Mossos, si comparó el trabajo de Escolà con otros cargos de confianza, y -ha insistido- que es diferente al trabajo de los funcionarios, que ha de ser más técnico. Rodríguez lo ha negado. Gené también le ha recriminado que el informe policial que descalifica la tarea de Escolà esté llena de faltas de ortografía.
Y, Isabel Elbal le ha interrogado si preguntaron a las autoridades belgas sobre el trabajo de escolta de Escolà, hecho que también ha negado. I si el trabajo de escolta se puede realizar sin armas no protecciones. El investigador ha admitido que no investigaron qué hacía Escolà cuando estaba en el extranjero, solo recopilaron sus tuits.
Petición de nuevos testigos, descartado
Antes, en el trámite de cuestiones previas, el tribunal, ha denegado las nuevas pruebas propuestas por el fiscal Pedro Ariche, al considerarlas "innecesarias", y tampoco de la defensa de Escolà. El fiscal ha propuesto el testigo de dos Mossos que son los autores de dos periciales para convertirlos en testigos.
Y también ha pedido que se incorporaran tres artículos de prensa, en los que la entonces consellera Meritxell Budó afirmaba que Buch iba a declarar al TSJC por haber puesto un escolta a Puigdemont. El tribunal, como las defensas, ha afirmado que incorporar los artículos es un "subterfugio" porque se tendría que haber pedido a la exconsellera que declarara en el juicio, y más cuando después Buch matizó sus afirmaciones.
Miquel Buch ha sido acompañado hasta el Palacio de Justicia por su familia, compañeros de Junts, como por ejemplo el secretario general de Junts, Jordi Turull, y otros políticos como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Ningún gasto extra para Interior
En la vista, han declarado cinco responsables policiales sobre la investigación a Buch y Escolà. Pilar Sorribas, entonces directora general de Función Pública, también ha sido interrogada, a petición de la defensa de Buch, para aclarar la contratación de los asesores en la Generalitat, que Interior tenía 9 plazas y que la contratación de Escolà "no supuso ningún gasto extra al departament".
El juicio continuará jueves con la declaración de cargos del Departament de Interior con el conseller Buch, como por ejemplo Brauli Duart, entonces secretario general del departamento.
En la foto principal, el ex conseller Miquel Buch, con su mujer, se dirige al TSJC, este miércoles. / Foto: Carlos Baglietto