Indefensión total. Al menos cuatro de los 13 investigados de la 'trama rusa' han pedido el amparo del letrado de la administración de Justicia del juzgado de instrucción 1 de Barcelona porque, según aseguran, el magistrado Joaquín Aguirre no ha tramitado sus escritos y recursos contra su imputación en la nueva pieza de la supuesta injerencia rusa al independentismo catalán, mientras este martes ha anunciado que eleva la causa al Tribunal Supremo. En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye, han pedido al secretario judicial que los informe si se han tramitado los recursos que presentaron contra la resolución del juez del 21 de junio, sobre la trama russa, sin nuevos indicios más que los recogidos en el caso Volhov y las interpretaciones del magistrado. La gravedad es que si el juez no eleva sus recursos a la Audiencia de Barcelona, este tribunal no puede revisar la actuación del magistrado, como ya hizo en el caso Volhov, que ha parado su investigación.
La abogada Isabel Elbal, en nombre de los cuatro investigados, también ha pedido que se les notifique los escritos que habría presentado la Fiscalía Anticorrupción porque desconocen si ha presentado recurso o no contra la nueva pieza, ni si se ha pronunciado si los nuevos delitos que se les imputa encaja en la ley de amnistía.
Sin ninguna comunicación desde el 21 de junio
En concreto, los cuatro investigados aseguran que el juzgado ni siquiera les ha enviado la certificación de provisión de sus escritos, que es el trámite previo para poder tramitar cualquier petición en un juzgado. En el caso de Boye son: la personación de su defensa, presentado el 25 de junio pasado; el escrito de alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía, presentado el 27 de junio; y el recurso de apelación, directo a la Audiencia de Barcelona, contra el auto del juez del 21 de junio, del cual califican que es "manifiestamente ilegal" porque "incumple" lo ordenado por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, del mayo pasado, de que parara la investigación del caso Volhov. Y en el caso de Alay, también hay la segunda recusación del juez Aguirre, presentada el 4 de julio.
Los afectados aseguran que todavía no tienen las dos resoluciones, conocidas este martes, del juez Aguirre, que desestima aplicarles la ley de amnistía y que eleva el caso al Supremo, con la imputación de los delitos de traición, malversación de fondos y ahora, organización criminal, y donde incluye a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont. Insisten que con este bloqueo se vulnera su derecho de defensa.
Paralelamente, el TSJC estudia la querella presentada por Boye contra el juez Aguirre por prevaricación en estas resoluciones y manifestaciones. El magistrado Carlos Ramos es el ponente y tiene que informar si hay suficientes indicios para investigar al veterano magistrado.