Retorno al trabajo del vicepresidente y conseller de Economía después su permiso de paternidad. Pere Aragonès se marchó sabiendo que no podría aprobar los presupuestos y lo primero que ha tenido que hacer, recién reincorporado, es poner remedio a esa situación. Y eso pasa por la aprobación, este martes, del decreto ley que avala un suplemento de crédito a los presupuestos con que todavía funciona el ejecutivo, que son los que se aprobaron el año 2017 -el conseller era entonces Oriol Junqueras-. Se trata, concretamente, de una inyección de 814 millones de euros que se destinarán a pagar a los funcionarios y trabajadores públicos.
Estos millones, ha explicado Aragonès se destinarán a tres conceptos: garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, es decir, adaptándoles el sueldo al aumento anual de las retribuciones; a pagar los salarios de nuevo personal de la Generalitat, especialmente docentes y sanitarios; y a devolver el 30% pendiente de la paga extra de 2013 a los funcionarios.
"Nosotros no dimitimos de nuestras responsabilidades", ha afirmado Aragonès, que ha responsabilizado de la actual situación a los "grupos parlamentarios que irresponsablemente no han querido aprobar los presupuestos porque han entrado en precampaña electoral y al gobierno del Estado, que actúa con deslealtad".
¿De dónde saldrán los millones?
La partida de 813,9 millones beberá de dos fuentes. La parte más importante, 573 millones, depende del gobierno del Estado, del dinero que el ministerio de Hacienda tiene que devolver, por ley, a las comunidades autónomas para equilibrar el modelo de financiación. Aragonès no ha dudado que acabarán recibiendo este dinero por parte del Estado, porque si no "sería un incumplimiento no sólo con Catalunya, sino con todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos". En este sentido ha lamentado que "la ministra Montero juega a hacer de Montoro".
El resto, 241 millones, irán a cuenta del objetivo de déficit autorizado en el 2019.