Paso importante contra el espionaje al independentismo catalán. La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha anunciado, este miércoles, que la entidad asume la acusación que presentó el abogado Andreu Van den Eynde, defensor de los cargos de ERC en el procés del 1-O, en un juzgado de Barcelona por haber sido espiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el software Pegasus. Además, Irídia ha ampliado la querella, dirigida contra el CNI, a tres directivos de NSO Group, empresa de Israel con filiales en Luxemburgo, comercializadora de Pegasus en Europa. Los directivos son: Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Somekh.
Van den Eynde presentó la querella hace dos años, por haber sido espiado el mayo de 2020, a través de su móvil y ordenador, cuando preparaba la defensa de los presos políticos de ERC. El caso recayó a la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, la cual todavía no ha recibido ninguna respuesta de NSO.
El entramado empresarial
Irídia ha hecho un informe pericial sobre el entramado empresarial del NSO y ha denunciado "la opacidad" de la venta de licencias sobre este software. Además, el abogado Brian Ventura, de Irídia, en la ampliación de la querella ha alertado a la magistrada del caso de Van den Eynde que si no se imputan e interrogan a los responsables de NSO en Luxemburgo, los hechos, con la acusación del delito de revelación de secretos, pueden prescribir el mayo de 2025, si los responsables no son funcionarios o autoridad, o si no se descubre una continuidad delictiva.
Por eso, el abogado pide a la magistrada Maria Antonia Coscollola que amplíe la Orden Europea de Investigación para solicitar la colaboración de las autoridades de Luxemburgo para que comuniquen la imputación a los jefes de NSO y que serán interrogados como investigados por espionaje, y que, para facilitarlo, se hará por videoconferencia.
Responsables de NSO declararon a la comisión del Parlamento Europeo que solo vendía Pegasus a organismos estatales. El Parlamento exigió en el Estado español a hacer una investigación seria y a indemnizar a las víctimas de Pegasus.
"No es solo un programa espía, es una arma"
Júlia Pérez de Amnistía Internacional ha denunciado que Pegasus "es una herramienta de vigilancia masiva, que vulnera derechos humanos". Por eso, Irídia y Amnistía Internacional -junto con otras entidades de derechos humans, como el Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE)- han anunciado que exigirán a la Unión Europea que no permita comercializar Pegasus a las 19 empresas vinculadas a NSO y que las sancionen, si lo hacen. También han pedido al Estado español que actualice la desfasada y escasa ley de control del CNI. "No es solo un programa espía, es una arma", ha denunciado Franquesa, que ha añadido que "en una investigación penal, un acusado tiene más derechos y garantías que ser investigado por el CNI".
De las 65 personas del mundo independentista espiadas, según reveló la investigación del Catalan Gate, solo 18 han sido admitidas por el CNI, como el president Pere Aragonès. Precisamente, el juzgado que investiga el espionaje de Aragonés, es el único que ha imputado a la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
"Las personas espiadas han estado políticos, abogados y ciudadanos a los cuales no se imputa ningún delito", ha insistido Franquesa, que ha añadido que con caso de Van den Eynde "se rompen las reglas del juego porque además de su intimidad se ha vulnerado información de sus clientes". Actualmente, una decena de juzgados de Barcelona y de Madrid investigan este espionaje del CNI a cargos de ERC, Òmnium, la CUP y la ANC, sin muchas ganas.
En la rueda de prensa, también ha intervenido Shir Hever, investigador independiente, el cual ha alertado que las nuevas versiones de Pegasus pueden adquirir todo el contenido del móvil y que la empresa israelí ha hecho pruebas en Palestina. En este sentido, Cèlia Carbonell, de Irídia, también ha expuesto la peligrosidad de este control de los gobiernos, denominados democráticos, a los ciudadanos, y ha afirmado que Pegasus se podría haber utilizado en 70 estados y contra 50.000 personas.