El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha pedido comparecer a través de videoconferencia en el juicio que el Tribunal de Cuentas (TCu) celebrará el viernes contra 35 excargos del Govern por los gastos del 1-O y por la proyección exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. El Tribunal se ha negado a suspender el juicio, tal como reclamó Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, por lo cual el president ha pedido declarar a distancia con el argumento de que "por razones y como consecuencia de su cargo" se encuentra fuera de Catalunya y de España.
"El Molt Honorable President Carles Puigdemont y Casamajó se encuentra, por razones y como consecuencia de su cargo, en estos momentos y en el día previsto para su declaración fuera de Catalunya y de España y, por lo tanto, tendrá que hacer su declaración como testigo, como ya se hizo en sesiones anteriores de este Tribunal, a través de videoconferencia", ha argumentado la defensa de Puigdemont con evidente sorna en su escrito.
Videoconferencia
El martes pasado, Puigdemont pidió la suspensión del juicio del Tribunal de Cuentas argumentando que el Tribunal Supremo tiene abierta una causa contra él por las mismas razones y que, aunque puede haber juicios en diferentes jurisdicciones por unos mismos hechos, eso no quiere decir que se puedan llevar a cabo de manera simultánea. La defensa de Puigdemont ha esgrimido la jurisprudencia del Supremo, según la cual, "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito".
Este viernes el TCu ha rechazado la petición y ha recordado que este argumento ya fue denegado el pasado mes de diciembre. Según el Tribunal de Cuentas, las vías penal y contable son compatibles y la sentencia que esgrime Puigdemont no es aplicable en este caso. Ante esta nueva negativa, la defensa de Puigdemont, que dirige Gonzalo Boye, ha solicitado que pueda hacer la comparecencia por videoconferencia.
Juicio al Govern
Entre los ex altos cargos del Govern que serán juzgados por el Tribunal de Cuentas en este caso, está también el president Artur Mas, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el conseller Raül Romeva. La fiscalía reclama 3,2 millones de euros —y Sociedad Civil Catalana, 5,3 millones— por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017.
La previsión es que el juicio comience a las 9 de la mañana del 17 de noviembre, y que en la vista se practiquen las pruebas de interrogatorio de parte e interrogatorio de testigos que fueron admitidas en la audiencia previa. Después, se harán las conclusiones orales, quedando visto el juicio para sentencia.