La red de corrupción del Partido Popular se hace cada vez mayor. La titular Juzgado de Instrucción número 3 almeriense, ha llamado a declarar este lunes como investigada a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, dentro de la instrucción del caso Hispano Almeria, que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense.
Cas Hispano Almería
La titular del juzgado en cuestión es Ana Belén Vico, ha citado Encrespo a declarar entre el 15 de febrero y el 6 de mayo del próximo año. Aparte de la consejera andaluza, la jueza también ha citado al exalcalde de la Mojonera (Almería) y expresidente del IFAPA, José Cara, y unas 18 personas más, aparte de los representantes legales de tres empresas.
La causa investiga un modus operandi común como lo es el supuesto cobro de sobornos por parte de alcaldes del PP a cambio de contratos de obras. Según el auto, en estos hechos habría indicios de delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, malversación de dinero público, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios, y organización y grupo criminal.
Financiación ilegal
Tal como informa Efe, en el caso de Crespo, su citación como investigada estaría relacionada con su participación en la gestión de subvenciones en el consistorio de la Mojonera cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Ponente, entidad de la cual formaban parte varios ayuntamientos de la provincia, un cargo que ostentó entre 2009 y 2011, cuando era alcaldesa de Adra. La constructora que lleva el nombre del caso, Hispano Almería, ha sido investigada en los últimos años por supuestos pagos de comisiones, y consiguió la concesión para construir un museo de la Agricultura en La Mojonera.
Según la Fiscalía, de los informes recaudados "se deduce la existencia de una contabilidad B en el entramado societario, así como la obtención de posibles ingresos no declarados por personas físicas y partidos políticos, y finalmente la existencia de adjudicaciones de obras con posibles sobrecostes en estas, con las correspondientes consecuencias tributarias".
Este no es el primer caso de financiación irregular del PP de los últimos meses. El juez de instrucción número dos de Salamanca (Castilla y León) imputó el pasado mas de noviembre el Partido Popular de la provincia, junto con su presidente, Javier Iglesias, y la gerente, Isabel Sánchez González, por financiación ilegal. A parecer del fiscal del caso, los números de la campaña de las primarias de 2017 del popular Alfonso Fernández Mañueco, quien finalmente acabó ganando, no cuadran.