El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha reaccionado a través de Twitter a la detención del president Carles Puigdemont esta noche en el aeropuerto del Alguer por parte de las autoridades italianas. El diputado asegura que esta detención es "incomprensible". En este sentido, cuestiona su legalidad: "Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A mí eso me parece que es una detención ilegal".
En esta línea también se ha expresado el exvicepresidente primero del Parlament de Catalunya, Josep Costa, que habla de "engaño" y que ha escrito: "España acaba de provocar la detención de un eurodiputado por parte de otro estado miembro de la Unión Europea. Lo ha conseguido engañando al Tribunal de Luxemburgo, pues dijeron que eso no pasaría. La detención durará máximo unas horas, pero la vergüenza de España quedará para la historia".
Más adelante, Costa ha publicado que "el Gobierno dijo al Tribunal de Luxemburgo que la euroorden contra el president estaba suspendida, como prevé el Reglamento del TJUE. No era cert. Llarena no ha dictado nunca ninguna resolución desactivándola o suspendiéndola. Tendrán que dar muchas explicaciones y no sólo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Sassoli, informado de la detención
El presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, ha sido informado de la retención por la policía italiana del president catalán en el exilio, Carles Puigdemont, en el Alguer (Cerdeña), según ha sabido ElNacional.cat en fuentes conocedoras de las gestiones que se están realizando después de la actuación policial.
Se da el caso de que las órdenes de detención europeas cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena quedaron suspendidas, por lo cual, una eventual extradición quedaría también en el aire a la espera de lo que puedan decidir los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, delante del cual será puesto a disposición el president Puigdemont este viernes.
El 30 de julio pasado, Puigdemont y los también eurodiputados de Junts per Catalunya Toni Comín y Clara Ponsatí perdieron de nuevo la inmunidad como miembros del Parlamento Europeo.
El Tribunal General de la UE (TGUE) había devuelto el aforo a los tres europarlamentarios como medida cautelar, mientras resolvía el recurso que presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio solicitado por el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
No obstante, el tribunal desestimó el recurso y, por lo tanto, levantó también las medidas cautelares. El vicepresidente del TGUE consideró que los eurodiputados "no han demostrado que puedan ser objeto de una detención inminente". Como tampoco veía riesgo que salieran de Bélgica para participar en reuniones del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
También se acordaba en la resolución del TGUE del 30 de julio que el Tribunal de Justicia de la UE tiene pendientes unas cuestiones prejudiciales presentadas por Llarena a raíz de la decisión de la justicia belga de desestimar la euroorden contra el conseller Lluís Puig. Estas prejudiciales, se señalaba, suspenden el proceso penal hasta que se resuelvan las dudas planteadas por Llarena, y, por lo tanto, "la ejecución de las órdenes de detención europeas también han sido suspendidas".