Jaume Asens ha lamentado que el Tribunal Supremo frene "los avances en la desjudicialización", después de haber mantenido las penas de inhabilitación para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por malversación. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha reprochado que la sala "no ha aplicado la reforma de la malversación" (pactada con ERC) — en tanto que los magistrados han optado por atribuir a los condenados del procés una malversación agravada para esquivarla. Todo esto contrasta con la posición del PSOE, que ha agradecido que se sigan castigando "los delitos graves" del 1-O.
Es decir, ha criticado que el alto tribunal "sigue frenando los avances políticos en el camino de la desjudicialización". "No aplica la reforma de la malversación", ha asegurado en un tuit. Pero Asens sí que ha celebrado que el Supremo haya "confirmado" que la sedición no ha sido sustituida por un nuevo delito de desórdenes públicos, sino que este tipo penal "se ha derogado del Código Penal". Recordemos que así se ha extinguido la inhabilitación de Cuixart, Sànchez, Forcadell, Rull y Forn, que podrán ir a elecciones.
Unidas Podemos se aleja del PSOE
La posición del dirigente de Unidas Podemos contrasta con la opinión expresada por el PSOE. La ministra y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, ha reinterpretado el varapalo del Supremo a la reforma del Código Penal y lo ha convertido en un favor. "La revisión da la razón a lo que siempre ha dicho al PSOE", ha exclamado Montero. ¿Qué es lo que siempre han dicho los socialistas? Pues que se tienen que seguir castigando "los delitos tan graves" que se cometieron por la celebración del referéndum del 1-O. Así, ha acusado al PP de mentir con sus quejas: "Se ha demostrado que era mentira cuando algunos decían que se podrían presentar a las elecciones".
En cambio, en ERC sí que han coincidido con Asens. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha defendido que la reforma del Código Penal "está bien hecha" y ha culpado al tribunal de "dar un golpe". "Ha atentado contra las voluntades expresadas por las mayorías a las cámaras", ha denunciado Vilalta — que ha considerado una "arbitrariedad" que se mantenga la inhabilitación para Junqueras, Romeva, Bassa y Turull. Una arbitrariedad que "facilitará la defensa ante los tribunales internacionales", si bien antes agotarán la jurisdicción española con un recurso delante del mismo Supremo. En definitiva, el problema es que los jueces no aplican la reforma del Código Penal.