Ofensiva. El exconseller de Economia Jaume Giró, finalmente, ha presentado este lunes en los juzgados de Madrid una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez, la exlíder del PP María Dolores de Cospedal y el comisario de la policía española jubilado José Manuel Villarejo por haberle espiado al inicio de la Operación Catalunya, el año 2012, cuando no tenía ningún cargo político, ya que era el director general adjunto de CaixaBank, y solo era por su ideología y por su apoyo al soberanismo de Catalunya. Giró, con su abogado Jordi Pina, ha acordado presentar la querella, después de que el verano pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo se sacudiera su denuncia contra la policía patriótica del PP y la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho, y la derivara al juez de la Audiencia Nacional, que investiga a Villarejo en la pieza de la Operación Tándem, que también rechazó investigarlo.
"Se tiene que denunciar, llegue donde llegue judicialmente", ha declarado este lunes Giró en diferentes medios de comunicación, además de insistir que era una persecución a Convergència por su giro soberanista. En la querella, Giró acusa a los excargos del PP de los delitos de revelación de secretos, malversación de fondos y organización y grupo criminal. En este sentido, el president de la Generalitat Artur Mas también estudia ahora presentar una querella contra la policía patriótica del PP, en la cual ya trabaja el penalista Jordi Pina.
El precedente de Sandro Rosell
Giró sigue los pasos de otros afectados por la Operación Catalunya, después de los portazos de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional a investigar su espionaje por parte de las cloacas del estado español. El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell es el primero que ha obtenido una respuesta: el juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha admitido a trámite su querella por los delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detenciones ilegales contra Villarejo, dos responsables policiales más y un agregado del FBI en Madrid. Por ahora, aparca denunciar a la senadora Alicia Sánchez-Camacho, que es quien habría dado los nombres de los espiados a Villarejo, por encargo de Cospedal, según unos audios que se conocieron el verano pasado. Sánchez-Camacho es aforada y su investigación se tendría que elevar al Tribunal Supremo. En el caso de Rosell, el juez Manuel García Castellón negó la conexidad con el caso Tándem, pero admitió "la gravedad de las afirmaciones de la querella" y que los hechos "presentaban indiciariamente apariencia de delito".
Más querellas contra la policía patriótica
Paralelamente, el exdirector ejecutivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel también presentó una querella contra Villarejo y la policía patriótica del PP, que ha recaído en el juzgado de instrucción 9 de Madrid, que tiene que resolver si lo admite a trámite. En la misma situación está la querella de Narciso Ortega, excomisario jefe de Catalunya, que ha recaído en el juzgado de instrucción 37 de Madrid. La familia Sumarroca, vinculada con el caso del 3% de Convergència y el de los Pujol, también ha presentado una querella en el juzgado de guardia de Madrid, pendiente de repartirse. Hay otros afectados, como Oriol Pujol, que a través del abogado Xavier Melero, también estudia presentar una querella, así como los empresarios Carles Vilarrubí y Susana Monge, exdirectivos del Barça. Si prosperan más querellas, lo más probable es que la defensa del excomisario Villarejo, que está en todas, pida unificarlas todas en un mismo juzgado.
Sánchez-Camacho, más adelante
En la querella, de 28 páginas, el penalista Jordi Pina expone que a partir del año 2012 y en años posteriores “para frenar el ascenso del movimiento independentista catalán, varios mandos de la Policía, del gobierno español del Partido Popular, dirigentes de este partido unionista e incluso algunos medios de comunicación se concertaron para idear un plan, denominado Operación Catalunya para obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, perjudicar y desprestigiar a personas, cargos públicos y empresarios·. Y cita a los presidents de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ahora candidato por Junts, el entonces presidente del Barça, Sandro Rosell, y el que fuera director de La Vanguardia, José Antich.
Añade que el 6 de noviembre de 2012 se reunieron el entonces comisario de la policía española José Manuel Villarejo y la entonces presidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, en el domicilio de ella, y la política le hizo una “lista negra”, tal como dijo de empresarios y políticos que tenía que seguir y frenar por su perfil independentista. Pina destaca que era una reunión pocos días antes de las elecciones en el Parlament, el 25 de noviembre de 2012. Sánchez Camacho dio el número de móvil de Giró, “obviamente para interceptar sus comunicaciones de forma ilegal y sin control judicial, e incluso se le hicieron seguimientos ilegales”, afirma Jordi Pina en la querella.
El penalista manifiesta que la acción de Sánchez-Camacho “no es aislada”, sino que “es la correa de transmisión entre la cúpula de su partido y la denominada policía patriótica, encabezada por Villarejo, que perseguía a quien consideraba sus adversarios por razones ideológicas”. En verano pasado, se filtraron los audios de esta reunión, y por eso una parte de los afectados presentaron denuncias a la Fiscalía y al Tribunal Supremo porque Sánchez Camacho, al ser diputada en el Congreso, tiene el aforo en el alto tribunal. En este sentido, Pina expone que hay claros indicios para dirigir la querella también contra la popular catalana, pero que no lo hacen porque el Supremo indicó a la familia Sumarroca que primero se interrogara a Villarejo sobre la reunión, y después, si había indicios más claros, derivarlo al Supremo.
La implicación del ministro del Interior
En el escrito, se detalla que el 16 de diciembre 2012 el entonces ministro Fernández Díaz, el número 1 de la Policía, Eugenio Pino, y el comisario Villarejo acordaron presentar varias denuncias a la Audiencia Nacional y a los juzgados de la Plaza Castilla contra dirigentes independentistas como los presidents Pujol y Mas, y que el exministro del Interior insistió en que no podía transcender esta reunión, años después filtrada a los medios de comunicación por Villarejo, que tiene varias causas abiertas contra él. Así, Pina asegura que los dirigentes del PP y los jefes policiales formaban una organización o grupo criminal, y sostiene: “Además de combatir el independentismo por medios delictivos, esta organización habría actuado también con el fin de prefabricar pruebas contra todos aquellos a quienes se consideraban próximos en el movimiento independentista catalán, con el objetivo de tratar de frenar su ascenso”.
En las agendas, anotado “Jiró”
En cuanto al comisario Villarejo, el abogado expone que la publicación de parte de sus agendas “ha acreditado que los hechos ahora denunciados eran conocidos por cargos del Gobierno del PP”. Incluso, detalla que el exconseller de Economia sale varias veces, a pesar de que su apellido sale escrito con J (Jiró).
Por todo esto, el exconseller Giró pide una tutela judicial efectiva contra el espionaje que ha sufrido, junto con otras personas. “Son investigaciones prospectivas a 22 personas respecto de las cuales ni siquiera se sospechaba que hubieran cometido ningún delito; sino por razones puramente ideológicas y de pensamiento”, concluye Pina.
La primera condena, con los Pujol
La primera condena por la acción de la Operación Catalunya fue el mayo pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la absolución del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, condenándolo a un año de prisión por un delito de revelación de secretos por entregar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al CNI una memoria USB con datos personales y empresariales sobre la familia del expresident Jordi Pujol, extraída ilegalmente y que podría haber anulado toda la investigación de la Audiencia Nacional hacia la familia Pujol Ferrusola. La familia del expresident, representada por Cristóbal Martell, también estudia si pide personarse en la causa de Rosell, después de haberlo intentado varias veces en la Audiencia Nacional.
En la foto principal, el exconseller Jaume Giró, con su abogado Jordi Pina, el junio pasado en los juzgados de Barcelona, donde denunció haber sido espiado por el Gobierno del PP / Foto: Sergi Alcàzar