Jaume López, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, ha sido co-coordinador de las bases para la elaboración de un código de buenas prácticas para la resolución de conflictos de soberanía en Europa. Ha sido una iniciativa del IInstitut d'Estudis Catalans y la Sociedad de Estudios Vascos, que se ha presentado esta semana en unas jornadas después de dos años de debates con académicos del Estado y también internacionales. La conclusión: Europa tiene que intervenir en los conflictos políticos por una cuestión de principios pero también pragmática. El año que viene harán llegar el documento a las principales instituciones comunitarias.

¿Cuáles son las líneas maestras del documento?
En primer lugar, que los conflictos de soberanía no son cosa del pasado. Pueden tener unas bases fundamentadas en derechos y reivindicaciones actuales. Por lo tanto, hay que dar una respuesta civilizada, una respuesta democrática, que tenga en cuenta los derechos fundamentales, los derechos individuales y colectivos y el estado de derecho. Y sobre todo decimos que no pueden plantearse como conflictos internos. Los estados tienen que plantear su solución como un reto que tiene que concernir a la comunidad internacional. Y más teniendo en cuenta que a menudo el estado soberano es uno de los miembros implicados en el conflicto. Por lo tanto es difícil que se autodote de reglas para resolverlo. La idea para nosotros es que desde la comunidad internacional se ofrezcan unas guías, unos mínimos principios para que haya una aproximación democrática. Estos conflictos no desaparecerán por si mismos.

¿A quién se dirigen?
Nuestros interlocutores son la comunidad internacional. El primer nivel son las instituciones europeas, en un sentido amplio. Este documento tiene toda una parte que se dedica a explicar por qué estas instituciones tendrían que intervenir y cómo los tratados que las forman dan pie a esta intervención. Una intervención que consistiría en eso: en dotar de unos principios mínimos que parecen disponer de un gran consenso y que tendrían que orientar la resolución.

¿Tienen algún referente anterior?
Nuestro modelo son los códigos de buenas prácticas de la Comisión de Venecia. El más conocido de todos es el código de buenas prácticas para referéndums. Nuestro documento está planteado como un informe que daría pie a que la Comisión de Venecia o cualquier otra institución, como el Parlamento Europeo o la OSCE, pueda tomarlo como base, hacérselo suyo y desde esta filosofía que expresa plantear estas mínimas reglas. Requiere que las instituciones internacionales echen una mano. En 2021 queremos difundir y contactar con las instituciones europeas.

¿Podría dar pie a una especie de Ley de la claridad?
Podría, pero no lo planteamos así. Primero, porque queremos que estas bases complementen la legislación internacional y códigos de buenas prácticas que ya existen. Una pieza más que se añade al entramado. Queremos encajar nuestro documento en aquellos que ya existen. Segundo, porque en el documento no se considera que el referéndum sea la única vía civilizada de resolver un conflicto. Puede ser una. Lo que hace el documento es descartar vías que rompen con los principios de democracia, de respeto por los derechos humanos. No pretende ser una ley de claridad, pero sí un impulso que en algún caso podría generarla a nivel interno.

Sería un paso posterior.
Exacto. Podemos considerar que el proyecto está en el ecuador. En estos dos años hemos estado debatiendo y contrastando con todos los académicos. Pero la segunda fase importante empieza el año que viene, cuando empezamos a buscar más sinergias y apoyos para poder llevarlo a las diferentes instituciones europeas. No queremos sustituir el trabajo de nadie, pero sí facilitarlo. Tiene la misma naturaleza que un informe previo para la elaboración de una ley.

Defienden que Europa tiene que intervenir en el caso catalán...
En todos. El caso catalán lo citamos una vez en la definición de estos conflictos. Una idea muy importante es que es complicado encontrar soluciones ad hoc. Al mirar un caso en particular, pasa que se mezclan los principios con los intereses. Estos principios generales se podrían aplicar a un conflicto territorial de soberanía como Catalunya, pero también otros.

¿En todo caso, cómo puede intervenir Europa o cómo tendría que hacerlo?
Hay varias vías. Pero nosotros decimos que haría falta que las instituciones europeas consensuaran un documento de pautas generales. Lo hacemos después de analizar varios casos, como la negociación del referéndum escocés o la visión abierta de la Constitución en Canadá. Tenemos ejemplos de prácticas que ya se han dado de las que podemos derivar unos estándares. Estas instituciones europeas tendrían que impulsar activamente en primer lugar que no se perpetuara el conflicto. No se pueden resolver como asuntos internos; se tienen que implicar activamente en la resolución de un conflicto Europa porque afecta a su estabilidad e incluso su imagen. Es también una cuestión pragmática. Por ejemplo, la negociación es un elemento clave. No minimizar o ignorar una demanda permanente o estable. Definir las cosas por su nombre. Ya sería mucho que las instituciones europeas consideraran que se tienen que implicar activamente y que su contribución tuviera un documento que sirviera de mapa de mínimos.

¿La negociación con el estado miembro es un paso imprescindible?
Este conflicto de soberanía siempre se da entre una comunidad subestatal y una estatal. Esta negociación, sin duda, sería uno de los elementos del código de buenas prácticas. No hay otra forma de resolver un problema democrático que no pase por identificar a la otra parte.

¿La actual mesa de diálogo se mueve en esta línea?
En la medida en que cualquier mesa impulse una negociación, estaría dentro de estos márgenes de los que hablamos. Una mesa que implique un reconocimiento y una negociación tiene una dimensión democrática valorada en este documento.

¿Sin autodeterminación puede haber resolución del conflicto?
Dependerá del tipo de conflicto que sea. Estos conflictos territoriales de soberanía a veces implican un reconocimiento dentro del mismo Estado, no una nueva independencia. Son aquellos conflictos que no se pueden resolver a nivel interno porque implican cambiar el marco constitucional. En todo caso, siempre tendría que estar encima de la mesa. Ninguna demanda puede ser excluida de una negociación; todas son legítimas. En el caso de Groenlandia o Escocia se ha podido canalizar; en el caso de Catalunya es evidente que no.

¿Son optimistas? De momento Europa se ha limitado a mirar hacia otro lado y decir que son problemas internos.
Es la mirada que justamente queremos cambiar. Justamente por el hecho de no contar con una herramienta como esta, Europa está un poco vendida porque tiene que tratar cada caso por separado. Y es mucho más difícil distinguir entre principios y valores e intereses. Europa no tiene unas herramientas generales para dar una respuesta, y las respuestas son caso por caso y están contaminadas por los intereses. Nos gustaría un cambio de tendencia.