Una caza de brujas al estilo de la persecución de comunistas en la década de los años 1950 en los Estados Unidos. Así es como ve el presidente de Mediapro, Jaume Roures, el requerimiento del Ministerio de Hacienda a la empresa audiovisual y a otra sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas de Catalunya. "Es como el maccarthismo en los EE.UU", ha expuesto en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. El empresario considera que la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responde a una mala gestión del caso catalán en los últimos tiempos.
El requerimiento de Hacienda, según Roures, se explica porque "tienen que justificar el ridículo que hicieron todos los aparatos del Estado" en la jornada del referéndum del 1-O. Para el empresario, la voluntad ahora es "salpicar y buscar chivos expiatorios" en el sector independentistas, mientras desde el mismo ministerio —según Roures— rechaza investigar el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y el PP.
Roures ha catalogado la investigación de empresas y personajes afines a la causa independentista como una "campaña política judicial" perpetrada por el Gobierno. Ante estos movimientos, que buscan la imputación de un delito de malversación, el empresario ya tiene preparada una respuesta judicial. "Tenemos que comer muchas sopas para acojonarnos", ha sentenciado.
En paralelo, el secretario de Hacienda, Pere Aragonès, ha asegurado que el requerimiento no tiene sentido en la medida que las cuentas de la Generalitat ya son públicas y accesibles. De hecho, Aragonès coincide plenamente con el diagnóstico de Roures: considera que, tras haberse constatado que la Generalitat no gastó un euro en el 1-O, se necesitan explorar otras vías para encausar a la Generalitat.
En busca de malversación
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, requirió ayer las entidades del sector público de la Generalitat que informen sobre pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas, entre las cuales se encuentra el mismo Roure.
En la lista también se encuentra el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o la expresidenta del AMI, Neus Lloveras, ya implicados en la causa general del 1-O. El objetivo de la investigación es demostrar que el Govern invirtió fondos para pagar el procés, es decir, que malversó dinero público.