Laura Borràs tendrá 10 días de margen más como diputada en el Parlament de Catalunya. Después de una reunión de más de tres horas, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido dejar un plazo de 10 días hábiles a la vicepresidenta primera de la cámara catalana, Alba Vergés, para que diga si retira el escaño a la líder de Junts. En este tiempo, la cámara catalana tiene que comunicar a la JEC las decisiones que ha tomado respecto a Borràs después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenara por prevaricación y falsedad documental a penas de prisión e inhabilitación por cargo público. En la conclusión, la JEC requiere "decisiones, resoluciones u otras medidas que la institución haya podido adoptar con relación al asunto" a la vez que deja espacio para que el Parlament y la misma Laura Borràs formulen alegaciones.
Con este movimiento, el órgano administrativo da respuesta a las solicitudes del PP, Vox y Ciudadanos, descarta remitir el procedimiento a la Junta Electoral Provincial de Barcelona y ordenar al Parlament que retire el escaño directamente. Opta por una vía intermedia, pasa la responsabilidad a Vergés para que aclare qué acciones ha llevado y llevará a cabo con relación a la credencial de Laura Borràs y establece una vinculación entre la situación de Borràs y la del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, a quien retiraron la credencial por orden de la JEC después de requerir información al Parlament. También ve casos "análogos" con el expresident Quim Torra, a quien también arrebataron el acta, aunque a diferencias de Torra y Juvillà, Vergés ahora tendrá que explicar que la Mesa del Parlament suspendió a la presidenta y diputada de sus funciones a raíz de la apertura de juicio oral "por delitos relacionados con la corrupción", en virtud del reglamento.
Los argumentos
En los precedentes, la Junta Electoral Central recuerda que el TSJC condenó a Borràs como autora de un delito de prevaricación y que, según el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), los condenados por sentencia, aunque no sea firme, son "inelegibles" para ejercer un cargo público electivo. En el caso de Borràs, la JEC subraya que la prevaricación se enmarca como un delito contra la Administración Pública. En el escrito, la JEC también cita otras resoluciones judiciales que constatan que las causas de inelegibilidad establecidas en el articulado constituyen una "consecuencia automática" de la pena impuesta por la sentencia. En este sentido, subraya que "las causas d'inelegibilidad lo son también de incompatibilidad", lo que implica que no se puede presentar en unas elecciones y que debe perder el escaño automáticamente.
Además, recalca que el Parlament catalán no tiene "competencia exclusiva" para aplicar la mencionada "inelegibilidad sobrevenida" y, añade el órgano, que la administración electoral puede aplicar directamente la LOREG para retirar el escaño y "restablecer la composición del Parlament mediante la expedición de la credencial al candidato correspondiente", que en este supuesto recaería sobre el portavoz de Demòcrates, Toni Castellà. En este punto, la Junta Electoral se refiere al caso del exdiputado Juvillà, que acabó perdiendo el escaño a pesar del recurso que presentó al Tribunal Supremo. El órgano pone en antecedentes y subraya que el 22 de diciembre de 2021 ya pidió a Borràs, cuando todavía no tenía las funciones suspendidas como presidenta del Parlamento, que dijera qué había hecho con la situación de Juvillà, que acabó perdiendo el escaño sin sentencia firme después de varias advertencias de la JEC.
El recurso de Borràs
La vía administrativa que se pone en marcha funciona en paralelo a la del recurso a la sentencia del TSJC. La defensa de Borràs presentó este miércoles los argumentos que motivan el recurso de casación que presentará al TSJC contra la condena de 4 años y medio de prisión, 13 de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 36.000 euros por haber fraccionado contratos cuando era directriz de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal argumentan que en este procedimiento penal se le han vulnerado al menos 12 derechos: el derecho a un juez predeterminado por ley; el derecho un juez imparcial; el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y a la protección del entorno virtual, el derecho a un proceso con las debidas garantías, al principio de legalidad, el derecho a la libertad personal, del principio de proporcionalidad y del derecho de representación y participación política.
La primera reacción de Laura Borràs
La primera reacción de Laura Borràs tras el comunicado de la JEC de este jueves ha sido a través de un tuit en Twitter. La presidenta suspendida, que ha participado en un acto sobre el déficit fiscal, ha declarado: "Hoy podríamos hablar de la vulneración de derechos a la que el estado nos tiene acostumbrados, con la gentil colaboración de algunos; pero no, estamos en la interesante jornada sobre la Catalunya sin déficit fiscal que ha organizado Joan Canadell para hablar de futuro y progreso para todo el país".