La Junta Electoral Central (JEC) mantiene la incógnita sobre el futuro de Laura Borràs como diputada en el Parlamento de Catalunya después de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por prevaricación y falsedad documental. Los magistrados y los catedráticos reunidos este miércoles en el Congreso de los Diputados han acabado entrada la tarde la deliberación sobre su escaño, pero se han dejado la redacción y publicación de los acuerdos para este jueves. "Hasta mañana no tendremos los acuerdos de la JEC", han explicado fuentes del órgano, que han especificado que "se tienen que redactar y hoy no tenemos tiempo".
Los miembros de la JEC han empezado la reunión a las 4 y media de la tarde y la acumulación de expedientes consecuencia de las elecciones municipales y autonómicas hacía prever que la publicación de las resoluciones se alargaría más del habitual. Tres horas más tarde, el mismo órgano se ha levantado de la mesa y ha trasladado para este jueves la redacción de los acuerdos tomados. Hace una semana, la JEC empezó la reunión semanal a la 1 de la tarde y los ocho acuerdos a los cuales llegaron se publicaron pasadas las 8 de la tarde. Esta vez no lo han conseguido.
El Parlament y la defensa de Borràs defienden su escaño
En cualquier caso, la JEC ya sabe el futuro que le depara a Laura Borràs después de las alegaciones presentadas por la defensa de la líder de Junts y del Parlament de Catalunya, que defendieron el escaño con argumentos análogos. La defensa de la presidenta suspendida sostuvo que la JEC era "manifiestamente incompetente" para decidir sobre su condición de diputada y que, sin sentencia firme sobre la mesa, no tenía nada que apelar en torno a la retirada de la credencial. En el escrito de alegaciones, los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal denunciaron que Borràs había sufrido "vulneración de derechos".
"La administración electoral es manifiestamente incompetente para el enjuiciamiento de las eventuales situaciones de irresponsabilidad de los diputados en el Parlament de Catalunya o cualquier otra asamblea legislativa", afirmaba el escrito registrado. Además, cargaba contra Vox, Ciudadanos y Vox por haber llevado la causa al órgano administrativo porque "carecen de la condición interesados por iniciar este procedimiento". Como recoge el reglamento del Parlament, el equipo de Borràs recordó que solo le podían arrebatar el acta de diputada a partir d"'una sentencia judicial firme". La resolución del TSJC está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Los argumentos del Parlamento fueron en la misma línea. La Mesa, con el voto contrario del PSC, alegó delante del órgano administrativo que, según el artículo 24 del reglamento de la Cámara, un diputado solo puede perder el escaño si hay una sentencia firme y que la de Borràs, por prevaricación y falsedad documental, todavía no lo es. Ahora bien, el escrito de alegaciones defendió el escaño aduciendo que Borràs ya está suspendida de sus derechos y deberes después de la apertura del juicio oral y que, de esta manera, la retirada del acta era una medida "innecesaria" y "desproporcionada".