Dudas jurídicas y cap desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). Xavier Muro, secretario general del Parlament del 2016 en julio de 2021, y el entonces letrado mayor, Joan Ridao, han admitido al tribunal dle TSJC que juzga la mesa del Parlament presidida por Roger Torrent que tuvieron "dudas" sobre si la propuesta de resolución de los grupos de ERC, Junts y la CUP sobre la defensa del derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía, debatidas en las reuniones de la Mesa del 22 y 29 de octubre de 2019, incumplía algún mandato anterior del TC. Este jueves por la tarde, la segunda sesión del juicio a exmiembros soberanistas de la Mesa se ha centrado en el debate jurídico de si Torrent, el exvicepresidente Josep Costa y los exsecretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado desobedecieron con vehemencia al TC, como exige el delito por el cual son acusados. Las dos máximas autoridades jurídicas de la cámara catalana han afirmado que con las propuestas de octubre de 2019 "no había voluntad deliberada de incumplir el mandato del TC", en palabras de Ridao. Antoni Bayona, exletrado mayor y actual letrado del Parlament, también ha compartido este posicionamiento que la propuesta de resolución y la posterior moción de la CUP, no tenían nada que ver con las acciones del 2017 del Parlament de impulsar la desconexión de Catalunya del Estado español. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio no ha hecho ninguna pregunta a los tres responsables jurídicos de la cámara catalana.
Por la mañana, en el inicio del juicio, Josep Costa ha anunciado al tribunal que abandonaba la vista porque no ha aceptado la anulación del juicio que él solicitó ayer ante la inviolabilidad parlamentaria de los encausados, así como otras irregularidades. El presidente del tribunal, Carles Mir, ha advertido Costa que como acusado se podía ausentar, ya que el castigo que se le pide es inferior a dos años de prisión, pero que requería un abogado, porque él ha ejercido su defensa. Después de un descanso, el tribunal ha acordado continuar el juicio al asegurar que Costa ya ha podido defenderse. Por ahora, el tribunal no ha resuelto sancionar a Costa por haberse marchado como abogado del juicio, como le ha pedido el fiscal, que ha calificado la acción de "previsible para aplazar más el juicio". Mañana, viernes, finaliza el juicio con el interrogatorio de los encausados y los informes de las partes.
La evolución de los corsés del TC
En la sesión, los responsables jurídicos del Parlament han explicado a los magistrados del TSJC la evolución de la doctrina del TC, desde el 2014 y sobre todo desde el 2018, que ordena a la mesa de una cámara parlamentaria que haga "un control formal y también constitucional" de las propuestas de resoluciones y de las mociones que presentan los grupos. Responsabilidad que los profesionales jurídicos han asegurado que son difíciles de realizar por los miembros de la Mesa, que son políticos. "Es una espada de Damocles porque, por una parte, si inadmiten una iniciativa parlamentaria, la Mesa puede vulnerar derechos fundamentales de minorías que lo proponen y por la otra pueden ser denunciados por incumplir los mandatos del TC", ha declarado Antoni Bayona.
Bayona, que era el letrado mayor cuando en el 2017 la Mesa del Parlament aprobó las leyes de desconexión, ha afirmado que la propuesta del 2019 nada tenía que ver con la del mandato anterior. En este sentido, Ridao ha precisado en el tribunal que en el informe motivado sobre la propuesta, los grupos impulsores se desvinculan de las propuestas de mandatos anteriores, "incluso invoca la doctrina del TC, y, por lo tanto, en ningún caso hay voluntad de incumplir su mandato porque es una propuesta de impulso político y declarativo". En la propuesta, la polémica era el punto 11 de la resolución que hacía referencia al derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía, que por primera vez -según Ridao- el TC hace una advertencia el 5 de noviembre antes de su publicación para que se excluya y así se hizo.
Reprobar la monarquía, legal
Ridao y Bayona han coincidido en manifestar que la reprobación de forma genérica de la monarquía tampoco es prohibida por el TC, y que en su resolución del 2019 lo que prohíbe es cuestionar a la persona, es decir, a FelipVI. "El Tribunal Constitucional afirma que España no es una democracia militante, y que, por lo tanto, se pueden criticar y cuestionar las formas de gobierno", ha recordado Ridao. El exletrado mayor del Parlament y Bayona también han coincidido a recordar que en el TC empieza a haber "votos particulares", que reclaman devolver a la jurisprudencia originaria del tribunal de garantías. Bayona también ha recordado que desde el 1989 en el Parlament se han votado iniciativas sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya y hasta siete más que no han sido denunciadas ni requeridas a retirarlas.
Por su parte, Muro ha confesado, en la sesión de la mañana, que "jurídicamente es muy complicado de llevar a cabo lo que quiere el TC". También ha añadido que "el TC rechaza que el Parlament se autoafirme como sujeto político", y que la propuesta de resolución del 22 de octubre no se hacía mención explícita al ejercicio a la autodeterminación. ¿Usted tenía dudas sobre la resolución del 22 de octubre o todo el servicio jurídico? Le ha preguntado a Muro el presidente del tribunal, intervención que puede dar pistas del pensamiento del tribunal juzgador, que además ha preguntado si esta propuesta se llegó a publicar en el boletín oficial del Parlament. El TC requirió la Mesa a no llevar al pleno el punto 11 de la resolución del 22 de octubre y por eso la CUP propuso una similar el 28 de octubre, que se llevó| en el pleno del 12 de noviembre, y que se votó, cuatro horas antes que llegara formalmente el requerimiento del TC para no tramitarla ni publicarla.
¿Qué prohibía el TC?
De los testigos políticos, la primera a declarar ha sido Laura Vilchez, exdiputada de Cs, que ocupó el lugar de Joan García González como secretario tercero en la Mesa del Parlament en el 2019. Por videoconferencia, Vilchez ha afirmado que recibió el requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) el 5 de noviembre de 2019 para hacer cumplir sus resoluciones anteriores. Andreu Van den Eynde, abogado de Roger Torrent, ha insistido en reclamar en Vilchez "¿de qué los advertía y prohibía el TC"?, y la testigo ha contestado que "sobre sus sentencias" y "para no tramitar la autodeterminación de Catalunya y la reprobación de la monarquía". También ha sido incisa Míriam Company, abogada que junto a Jordi Pina ejerce la defensa de Eusebi Campdepadrós.
Después ha declarado su compañero de partido, Joan Garcia González, que a preguntas del fiscal, ha afirmado que "todos" los miembros de la mesa del Parlament recibieron providencias del TC que no impulsaran iniciativas contra sus sentencias, y ha esquivado detallar qué argumentaban los miembros soberanistas de la Mesa. Van den Eynde, como al anterior testigo, le ha exigido saber "con qué textos" comparaban la moción de la CUP para resolver que no podían llevarse al plenario. "¿El TC les prohibía el debate de la autodeterminación?", le ha requerido el penalista, que no ha sido claramente contestado por el diputado de Cs. ¿"El secretario general del Parlament los dijo que con esta moción se ejercía el derecho a la autodeterminación o era una declaración"?, también le ha requerido la abogada Company.
David Pérez, diputado del PSC y secretario segundo de la Mesa del 2019, ha admitido a las preguntas de los defensores que el secretario general del Parlament expresó "dudas" si las propuestas de resolución soberanistas que se presentaron a la Mesa el 22 de octubre eran contrarias a las resoluciones del TC, y ante esas dudas votó en contra de tramitarlas.