Joan Busquets i Verges, nacido en Barcelona en 1928 y último maqui vivo, ha emprendido una última batalla a los 96 años, con la presentación de una reclamación administrativa registrada el pasado julio en el ministerio de Justicia española, por la cual pide un millón de euros como reparación del sufrimiento vivido a lo largo de su vida, especialmente entre los años 1949 y 1969, cuando tuvo que cumplir una pena de prisión de veinte años y seis días por sus actividades como maqui, es decir, integrante de los grupos guerrilleros que luchaban contra el régimen franquista, así como por las secuelas que le han quedado. Busquets, exiliado en Francia desde 1974, ha considerado que esta reclamación tiene que servir como "reconocimiento jurídico y moral" de la actividad de los maquis a favor del restablecimiento de la democracia, que fue aniquilada con el golpe de estado que originó la Guerra Civil.

En rueda de prensa este martes por la mañana, Busquets ha comparecido junto con el abogado Raúl Maíllo y el secretario general de la CGT en el Berguedà, Pep Cana. Maíllo ha indicado que la presentación de la reclamación administrativa es un primer paso, fundamentado en el hecho de que la ley de memoria democrática del 2022 estableció la nulidad de las sentencias franquistas, y añadiendo que si en seis meses no se obtiene respuesta, abrirán la vía judicial. De hecho, el mismo Busquets ha apuntado que ya tiene previsto para el próximo año "ir a protestar a Bélgica y a Estrasburgo". "No sé hasta dónde llegaré a causa de mi edad, pero todo lo que pueda hacer, lo haré", ha añadido.

De hecho, el recorrido de esta demanda puede ser largo, especialmente si se tiene en cuenta que hasta ahora, la anulación de las sentencias franquistas solo ha tenido un reconocimiento de tipo "simbólico", como ha apuntado Maíllo, que de todos modos defiende que la demanda de Busquets se fundamenta, precisamente, en los cambios legislativos de 2022, que han superado "el muro de pasar de la ley a la ley", en el sentido que ahora ya no se reconoce la legitimidad del régimen franquista surgido del 18 de julio de 1936. Por eso ha considerado oportuno plantear la demanda de reparación económica para poder vencer el "sistema de impunidad español", que hasta ahora se fundamenta en el "no reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación," señalando, además que una reparación de tipo económico equivaldría también a la "garantía de no repetición" por parte del Estado español.

Un momento de la rueda de prensa, con Busquets flanqueado por el abogado Raúl Maíllo (izquierda) y Pep Cana, secretario general de la CGT en el Berguedà / Foto: Montse Giralt

Por eso, Busquets, que formó parte de los grupos de maquis de Marcel·lí Massana y se dedicó a acciones de sabotaje, como la que en 1949 dinamitó torres de alta tensión y vías férreas en Terrassa, considera que hay que llegar a un reconocimiento de la lucha de estos guerrilleros en contra del franquismo. "No me arrepiento de nada", ha afirmado, para añadir que ahora hace una reclamación de tipo económico, pero que "si ahora tuviera veinte años no me vendería por un millón de euros, no hay dinero para pagar todo lo que he vivido".