Las tarjetas opacas de la Casa Real perseguían a Juan Carlos I. Frente a esto, y como adelantó El País, el rey emérito ha decidido hacer un movimiento. Según ha informado su abogado en un comunicado, el antiguo monarca ha presentado una declaración "sin requerimiento previo" delante de la Agencia Tributaria para pagar unos ingresos no declarados. El total de la deuda ya pagada, según el documento, es de 678.393,72 euros. Es decir, el monarca fugado en los Emiratos Árabes ha declarado unos fondos que no tenía declarados ante el fisco español. Por lo tanto, admite el fraude, pero podría esquivar posibles investigaciones penales.
En el comunicado difundido este miércoles por la tarde, el abogado Javier Sánchez-Junco informa de que el rey emérito Juan Carlos "le ha dado instrucciones para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos". El letrado asegura que "en cualquier caso, el rey Juan Carlos continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".
El movimiento es importante porque podría salvarlo de consecuencias penales, al menos en este caso, uno de los muchos que tiene abiertos. La Fiscalía del Tribunal Supremo estaba investigando el uso por parte del rey emérito y su entorno --como sus nietos Froilán y Victoria Federica-- de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero provendría del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que los habría puesto a disposición de Juan Carlos I y este no los habría declarado en España.
El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de prisión. Y el dato más importante: el uso de estas tarjetas black habría tenido lugar entre los años 2016 y 2018, cuando ya no era jefe del Estado y, por lo tanto, no estaba protegido por la inviolabilidad constitucional.
Silencio de La Moncloa
El Gobierno, al menos el socio mayoritario, mantiene cierta omertà sobre los escándalos que salpican a la Casa Real. Este miércoles ha sido a raíz de la petición de regularización fiscal presentada por el rey emérito Juan Carlos I, fugado en los Emiratos Árabes, y de los exmilitares que le envían cartas a Felipe VI. A pesar de las voces que se alzan desde de Unidas Podemos, la portavoz María Jesús Montero ha querido cerrar el debate en rueda de prensa. En primer lugar, ha rechazado dar información sobre la situación de "ninguna persona o empresa concreta". En segundo lugar, ha dejado claro que quién se tiene que pronunciar, si lo quiere hacer, es La Zarzuela, no La Moncloa. Eso sí, ha defendido que "todos los españoles tienen que cumplir sus obligaciones". Sólo en este punto se ha salido ligeramente del guion.